Por el parate de la Obra Pública, UOCRA se declaró en “estado de alerta y asamblea permanente”
Así lo anunció el gremio de la construcción a través de un comunicado. Además, denunció que "se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos" y que el Gobierno nacional "se desentiende de la problemática".
Por la paralización de las obras públicas dispuestas por el Gobierno nacional y la pérdida de puestos de trabajo, la UOCRA se declaró en “estado de alerta y asamblea permanente” en todas las obras, públicas y privadas, del país.
Así lo comunicó el gremio de la construcción a través de un comunicado, en el cual explicó que “la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad”.
Además, el sindicato indicó que hay “ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del poder ejecutivo nacional” y denunció que "se desentiende de la problemática" que afecta a la industria.
“Esta situación se da en el marco de caída abrupta y generalizada de la actividad económica, se agrava en nuestra industria por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo, ante una inflación sostenida que castiga particularmente a nuestros trabajadores”, precisó la UOCRA.
El gremio detalló que en los dos últimos meses “se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno”.
“La obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública”, señaló.
“Es inaceptable que el gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”, sentenció.