Política social: la auditoría por el Potenciar Trabajo y el "plan" para convertir planes en empleo

Con el consenso de intendentes oficialistas y con cierta incredulidad de los opositores, el ministerio de Desarrollo Social avanza en la auditoría de los planes sociales para saber en qué situación se encuentran los más de 1.300.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo que, a cambio de una contraprestación, perciben la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La cartera que conduce Juan Zabaleta recibió en la última semana a los jefes comunales del Frente de Todos para contarles cómo será la metodología para empezar a auditar los planes. La visita contó con la particularidad de que no asistieron los intendentes opositores del PRO, aunque hubo voluntad de enviar delegados para que sean informados sobre cómo será este nuevo proceso que, según le dijeron a este medio, apunta a tenerlo listo para fines de este año.

En concreto, lo que hará el ministerio de Desarrollo Social es saber cómo está la situación los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Se trata de un plan social en el que un trabajador percibe la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil ($22.700), con la obligación de que el mismo realice una contraprestación en una de las casi 500 unidades de gestión que se encuentran en el país.

Según pudo chequear Data Clave con fuentes del ministerio de Desarrollo Social, son 1.300.000 los beneficiarios a la fecha, mientras que las casi 500 unidades de gestión pertenecen 80% a áreas no gubernamentales (movimientos sociales, iglesias, comedores y ONGs, entre otros) y el 20% a espacios gubernamentales: intendentes y gobernadores.

La concentración de las unidades de gestión en los espacios no gubernamentales fue uno de los principales reclamos públicos que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner y que, curiosamente, también coincidieron varios intendentes opositores, como el caso del macrista Néstor Grindetti, hoy a cargo de Lanús. La llegada de Massa al ministerio de Economía y el reordenamiento político en el Frente de Todos no dejó de lado una silenciosa fricción que subyace entre el kirchnerismo y los movimientos sociales, hoy en guardia ante un oficialismo que empieza a moldear un discurso con impronta fiscalista.

Lo cierto es que esta auditoría que llevará adelante Desarrollo Social tiene dos facetas: por un lado, el relevamiento en los beneficiarios del Potenciar Trabajo; por el otro, la observación a las unidades móviles a las que se deben hacer contraprestaciones a cambio de la tarjeta con la mitad del Salario Mínimo que otorga el Estado. Sobre este punto, hace poco la cartera de Zabaleta firmó convenios con universidades públicas -reglamentado en la Resolución 835/2022- para "verificar actividades y el cumplimiento de las corresponsabilidades" establecidas en el programa.

Si bien el ojo público está puesto en los movimientos sociales, esta "doble auditoría" -así la consideran en el Ministerio extraoficialmente- también tiene por objetivo analizar el 20% de las unidades de gestión que le corresponden a intendentes y gobernadores. En términos políticos, no hay ni vencedores ni vencidos en cuanto a una puja entre kirchneristas y movimientos sociales, al menos en esta política social que apunta a asistir a personas que no consiguen empleo formal en el mercado de trabajo.

La contraprestación que debe hacerle el trabajador al Estado tiene múltiples aristas y opciones, según la necesidad de cada persona. Desde estudiar en una universidad hasta asistir en un comedor infantil o hacer trabajos de albañilería para organizaciones civiles. Es por eso que desde Desarrollo Social crearon un sistema virtual que permite a las personas cambiar de unidad de gestión. Entre las tres opciones, aparece por cuestiones de mudanza, cambios de unidad en cuanto al oficio y la categoría "otros". En esta última, en muchos casos se detectaron irregularidades que denunciaron los propios beneficiarios con respecto al funcionamiento de las unidades de gestión.

El relevamiento intentará hacer hincapié en el funcionamiento de esas unidades y, al mismo tiempo, de la propia contraprestación del propio beneficiario. Fuentes del ministerio le dijeron a Data Clave que el objetivo es ver, a grandes rasgos, dónde aparecen las fallas. De acuerdo a los tiempos políticos y el despliegue operativo que este relevamiento implica, el objetivo es que esta auditoría finalice antes de fin de año.

En paralelo con esta auditoría, los beneficiarios prestarán atención a lo que ocurra durante esta jornada en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde se convergerán empresas, sindicatos y el Gobierno para definir si se actualizará o no el piso de los $45.540 acordados a junio de 2022. La reunión será a las 15 y la presidirá el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

¿Y el plan Massa de "Puente al Empleo"?

Esta semana se esperaba que el ministerio de Economía publicara un DNU que creara oficialmente el proyecto "Puente al Empleo", una iniciativa de Massa que apunta a convertir los planes sociales en empleo genuino. En términos técnicos, y de acuerdo a lo que le dijeron a este medio, es "transformar, de manera gradual y con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad".

La idea surge de un proyecto que presentó Massa en la Cámara de Diputados en octubre de 2021 cuando era presidente y que nunca tuvo tratamiento parlamentario. El principal argumento que tiene la iniciativa es que los beneficiarios podrán seguir cobrando la asignación como otras prestaciones que otorgan los distintos programas por el período de 12 meses y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio.

"Al año el trabajador debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART, y todos los beneficios de estar en el mercado laboral", aclara el borrador al que tuvo acceso Data Clave y que desde el ministerio confirmaron será base del futuro DNU.

Esta iniciativa, de alguna forma, busca "reforzar" algo que ya existe y que fue impulsado en conjunto por los ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Productivo (actualmente bajo la órbita de Massa en Economía) y el de Trabajo -que está a cargo de Moroni- a través del Decreto 493/2021 y que tiene la firma del propio Alberto Fernández.

¿Qué dice este proyecto? Básicamente incentiva a los empleadores a contratar a beneficiarios de estas asignaciones con reducciones en las contribuciones patronales vigentes en un 95% por los primeros 12 meses, sumado a que los trabajadores seguirán cobrando parcialmente los beneficios hasta que se garantice su continuidad en la empresa. "Se plantea vincular a las trabajadoras y los trabajadores participantes de programas educativos, de formación profesional y de intermediación laboral con el empleo asalariado registrado a través de una reducción de las contribuciones para el sujeto empleador que las y los contrate", dice parte de esa Ley vigente.

El "plan Massa" en la política de empleo implica que por un año será el Estado el que se hará cargo de parte del salario, que sería la parte del plan social que se mantiene. Si bien no hay una cifra de cuántos beneficiarios estarían apuntados, el propio ministro de Economía pretende que se creen 200.000 nuevos puestos de trabajo. Esos puestos surgirían, en principio de empresas de hasta 100 empleados que "son el 98% del total de los empleadores según las últimas estadísticas a mayo publicadas por el boletín de seguridad social".

El Gobierno nacional se encuentra haciendo equilibrio entre reclamos que son múltiples: por un lado, contener la presión social y mediática con respecto a los planes sociales para que se conviertan en empleo de calidad; por el otro, contener a un estrato de la sociedad muy castigado por la última gestión de Mauricio Macri y que se vio agravada por la crisis de la pandemia del covid-19 y la alta inflación a la que el Frente de Todos, en la práctica, demuestra no poder contener.