El legislador bonaerense Gustavo Pulti, representante de Unión por la Patria, lanzó una advertencia contundente al Congreso Nacional sobre un convenio internacional firmado por la canciller Diana Mondino. Según el senador, este acuerdo, enmarcado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, podría “comprometer seriamente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus aguas circundantes”.

En concreto, Pulti advirtió que el acuerdo incluye "un reconocimiento implícito del Reino Unido como estado ribereño en el Atlántico Sur". Según sus palabras, "las decisiones sobre la pesca y otros recursos en esa zona podrían quedar en manos de organismos multilaterales, restando control a Argentina"

La iniciativa parlamentaria fue bien recibida por varios sectores dentro del Congreso, entre ellos, el diputado Hugo Yasky, que asguró trabajar para que el convenio sea rechazado: “Coincidimos en que este tratado es parte de una estrategia británica para afianzar su presencia en el Atlántico Sur, algo que no podemos permitir”.

X de Gustavo Pulti

Según el senador provincial, este acuerdo podría facilitar la explotación de recursos naturales en la región por parte del Reino Unido, "como claramente sucede con la pesca y con la planeada extracción de petróleo". Esto representaría, para el legislador, "un retroceso en nuestra capacidad de ejercer la defensa soberana" sobre el territorio.

El debate sobre este convenio se presenta en un momento clave, ya que el Congreso deberá discutir sus posibles consecuencias sobre la soberanía nacional. Los legisladores tendrán que evaluar no solo los aspectos técnicos del acuerdo, sino también sus implicancias en la política exterior de Argentina.

En este contexto, la discusión en el parlamento se centrará en la capacidad del acuerdo para garantizar la protección de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Los legisladores también deberán considerar si las disposiciones del convenio permiten salvaguardar los recursos naturales en la región, un tema de gran importancia económica y estratégica.

El futuro de este acuerdo está ahora en manos del Congreso, que tendrá la responsabilidad de determinar si el convenio firmado por la cancillería es compatible con los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas y sus aguas circundantes.