Los bloques del Frente de Todos (FdT) y de la Izquierda (FIT) pidieron este miércoles que el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, concurra a la Legislatura porteña a informar sobre el uso del sistema de reconocimiento facial, cuyas irregularidades fueron conocidas el martes a raíz de una resolución judicial.

Por un lado, el FdT pidió que D'Alessandro se presente en la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña con el fin de "brindar información en relación al funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del Gobierno de la Cuidad".

En tanto, los diputados del Frente de Izquierda (FIT) solicitaron que el ministro concurra a la Legislatura para ser "interpelado ante los hechos de público conocimiento sobre el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, que demuestran un uso ilegal que implicó acceder a datos biométricos de millones de personas, entre ellas dirigentes políticos, sociales y sindicales".

El martes, la Justicia porteña suspendió el SRFP del Gobierno local tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no eran buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

La decisión fue tomada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

La causa fue impulsada por el Observatorio de Derecho Informático Argentino en la que se cuestionó la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que implementaron el sistema en el ámbito porteño.

En febrero pasado, el juez realizó una constatación en el Centro de Monitoreo Urbano donde funciona el sistema, y solicitó al sistema de Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas (Conarc) el listado de personas buscadas. Luego le requirió al Renaper la lista de personas, con nombre, apellido y DNI, cuyos datos biométricos hayan migrado desde ese Registro hacia el Gobierno de la Ciudad. En función de este último pedido, se constató que la Policía de la Ciudad hizo casi 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas, según informaron.

Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño señalaron que esta medida judicial pone en evidencia una "nueva operación basada en información errónea". En primer lugar -aclararon- el sistema de reconocimiento facial "no está activo a debido a la pandemia" desde abril de 2020. También explicaron que "funciona solo con una base de datos que es pública y lo que hace es identificar únicamente a las personas que tienen un pedido de captura de la Justicia".

Desde el interior de la cartera detallaron que los "datos biométricos de las personas captadas por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos no se graban, a excepción de aquellas alertas que son positivas. En estos casos, una vez cumplida la orden judicial de restricción de la libertad, o que la misma haya cesado, los datos personales tratados deberán ser destruidos". 

También aclararon existe un convenio entre el Renaper y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad por el cual el organismo nacional "facilita sólo las imágenes de los rostros de las personas buscadas por orden judicial", y que las consultas no son exclusivamente por contraste con el sistema reconocimiento.