“Independencia de criterio” y protección de las “expresiones”. Con esos argumentos, tres consejeros que integran el Consejo de la Magistratura consideraron que debe archivarse la denuncia contra los jueces Javier Anozátegui y Luis María Rizzi, investigados por un fallo donde consideraron “sicarios” a dos médicos que le practicaron una interrupción legal del embarazo a una adolescente abusada.

No solo eso: los magistrados los denunciaron penalmente junto a integrantes de la Defensoría General de la Nación. Quienes votaron a favor de aliviar la situación de Anzoátegui y Rizzi fueron el diputado del PRO Pablo Tonelli, la abogada macrista Jimena De La Torre y la legisladora peronista Graciela Camaño. La postura de la consejera y diputada Vanesa Siley, que venía llevando adelante el tema, fue la contraria, igual que la de la consejera María Fernández Vázquez y el senador Martín Doñate.

En realidad, como eran tres votos contra tres, al que le tocaba desempatar era al presidente de la Comisión de Acusación, que es el propio Tonelli. El expediente se inició tras un fallo de 2020 donde los dos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº8 condenaron a un hombre por abusar de su hermana por parte de madre. Sin embargo, en un apartado especial, ambos pidieron que investigue a los médicos por haberle realizado un aborto legal a la víctima.

Sostuvieron allí que el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación era “un manual de salvajadas inhumanas”. “La niña fue llevada a un hospital público para que estos médicos mataran a su hijo. Un niño sano, sin ninguna patología conocida, cuyo único pecado ha sido ser el fruto de un crimen deleznable (aunque un crimen absolutamente ajeno a él)”, agregaron.

En esa misma resolución, trataron de “sicarios y asesinos a sueldo” a los médicos y consideraron que “el mundo moderno, la ideología dominante y los poderosos de la tierra promueven el homicidio prenatal como un modo de reconocer el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo”. En ese momento, cuestionaron también el fallo FAL de la Corte Suprema que garantizaba los abortos legales bajo causales: una de ellas era justamente el abuso sexual.

Anzoátegui y Rizzi fueron denunciados ante el Consejo por un grupo de abogados y por la mismísima Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez, que pidió su destitución y aseguró que los magistrados "desconocieron el derecho vigente y, en segundo término, que fundaron su decisión en los mandatos de su cosmovisión personal, lo cual vulnera derechos y garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”. La causa llegó al Consejo de la Magistratura y tuvo sus vaivenes. En el medio, la denuncia penal que habían iniciado Anzoátegui y Rizzi fue desestimada por inexistencia de delito y la Cámara de Casación Nacional -en una decisión prácticamente inédita- ordenó que se elimine de la sentencia todos los comentarios sobre sicarios, salvajadas humanas y demás.

Durante la audiencia de la Comisión de Acusación, Tonelli postuló un dictamen donde aseguró que debía archivarse la causa contra los jueces. Eso significa que no se enfrentarían a un juicio político. Si bien la consejera Siley tenía plazo hasta el 8 de noviembre para presentar su dictamen al respecto de lo que correspondía hacer, Tonelli unió fuerzas con De La Torre (que hasta intentó un chicana porque hace algunas semanas no le permitieron una prórroga para leer) y con Camaño para que directamente se vote sobre su propuesta.

Piden archivar denuncia contra jueces que llamaron sicarios a médicos que realizaron un aborto legal

Como el panorama estaba empatado, el diputado del PRO hizo valer su voto de desempate. “Estos jueces han desconocido fallos de la Corte Suprema, no nos rasguemos las vestiduras después diciendo que los fallos de la Corte hay que respetarlos como en el caso Alonso”, dijo Siley en ese momento, en referencia al juez de Entre Ríos que intentó bloquear la designación de consejeros cuando el organismo pasó de 13 a 20. “Estos magistrados que dicen atrocidades los mandan a hacer un cursito de ley Micaela y ahora van a acumular más denuncias”, agregó Siley.

“Es distinto”, le respondió Tonelli y aseguró que el magistrado Alonso le ordenó al Congreso el no cumplimiento de un fallo del Máximo Tribunal. Cabe recordar que Anzoátegui y Rizzi desconocieron el fallo FAL de 2012 de la Corte Suprema, donde se estableció que no eran punibles los abortos cuando se tratara de casos de abuso sexual, situación prevista en el Código Penal desde 1921.

Según dijeron los propios jueces en el mismo fallo que los llevó a ser denunciados y que ahora se resolvió a su favor, tanto el fallo de la Corte como los protocolos de actuación ante casos de aborto “son violatorios de la Constitución Nacional, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley 26.061”. Es decir, se arrogaron la potestad de llamar inconstitucional a una decisión del Máximo Tribunal del país.

Otros fallos cuestionados

En el Consejo hay otras denuncias contra ambos jueces. Tal como reveló Data Clave este año, en una resolución donde descartaron aplicar el agravante por femicidio, compararon la aplicación de la perspectiva de género con “el régimen soviético”. “Sé que hay personas que consideran que la perspectiva de género no es una ideología, porque suponen que una política de Estado establecida democráticamente no puede considerarse ideología. Es un argumento que me llena de perplejidad, no por su originalidad, sino porque me parece un argumento muy débil. En efecto, el hecho de que una ideología sea impuesta coactivamente a los ciudadanos no convierte a esa ideología en una aséptica e inocua política de Estado. La ideología impuesta coactivamente a los ciudadanos es una verdadera tiranía. ¿O acaso el régimen soviético, con ser legal, resultaba por ello menos ideológico y tiránico?”, se preguntó Anzoátegui, en uno de los tramos donde desconoció las normas vigentes en Argentina.

“Dictaminamos por defender la independencia de criterio de los jueces de la Nación, instando a los Dres. Anzoátegui y Rizzi a completar su capacitación obligatoria por Ley Micaela para seguir trabajando a favor de una justicia con perspectiva de género”, tuiteó la consejera De La Torre tras la reunión de la Comisión.

Lo interesante es que Anzoátegui no cree en ese tipo de capacitación. Así lo demostró en noviembre de 2021 cuando otorgó una probation a un hombre acusado por amenazar a su ex esposa. En este expediente, la fiscalía había acordado con la defensa la probation, con el consentimiento de la damnificada. Además de la obligación de que fije domicilio y que se someta a un tratamiento psicológico, la fiscalía había reclamado que el acusado realizara un curso o taller “orientado a tomar real conciencia del flagelo social que significa la violencia ejercida contra las mujeres” y que pague una cuota alimentaria. Anzoátegui se opuso a ambas cosas, a pesar de que tenía el acuerdo de la defensa.

“Con relación al pedido de la Fiscalía, para que el acusado realice unos cursos dictados en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya he dicho muchas veces que entiendo que el Estado puede castigar las manifestaciones exteriores de una persona si estas configuran alguna conducta prohibida, y/o puede ofrecer a los particulares herramientas para ayudarlos a superar ciertas falencias personales. Sin embargo, según mi modo de ver las cosas, no está facultado para imponer a los ciudadanos ninguna regla, programa o curso tendiente a obligarlos a modificar sus ideas, su forma de pensar, sus convicciones o su cosmovisión”, consideró.

“La ideología que inspira esta clase de cursos es la llamada ‘perspectiva de género’. Yo pienso que se trata de una perspectiva equivocada. Y mucha gente piensa que no. Pero estoy persuadido de que nadie –ni siquiera el Estado- puede obligar a otro a adoptar sus creencias, porque eso –como quedó dicho- importaría invadir la esfera de privacidad protegida por el art. 19 de la Constitución Nacional”, aseguró.