Pelea en el Consejo por la famosa denuncia contra el juez Gemignani por dichos machistas
No hubo unanimidad para que el expediente sea desestimado tras más de tres años de trámite. El mes pasado, el órgano no había podido sancionarlo por no reunir la cantidad necesaria de votos. Por otra parte, se aprobaron ternas y un régimen especial para el acusatorio que se viene en Rosario.
“No puedo de modo alguno convalidar el archivo de estas actuaciones. Voy por la negativa”, dijo la abogada María Fernanda Vázquez cuando comenzó el tratamiento de un tema espinoso que el Consejo de la Magistratura viene arrastrando: el expediente contra el juez Juan Carlos Gemignani por sus dichos machistas a sus colegas de la Cámara Federal de Casación Penal.
De acuerdo al reglamento, hay tres años para tratar las denuncias contra los jueces. Si no se llega en ese plazo, se rechazan. Durante el plenario de hoy, se trajo a consideración el caso Gemignani, que ya había generado rispideces el mes pasado cuando no se logró aprobar la sanción, que consistía en una multa del 30% de su sueldo.
En la misma línea de los dichos de la abogada Vázquez se expresó la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley ,una de las principales impulsoras del expediente contra el juez. “Hicimos un proceso con testimoniales, se hizo una encuesta anónima que desprendieron nuevas denuncias, me parece que no es la primera vez que este magistrado tiene estos comportamientos, ya había sancionado por este Consejo por privar de su libertad a una secretaria y las conductas se siguen reiterando. Acá las votaciones se ganan o pierden y no hay problema, pero si lo hay si seguimos teniendo jueces sin actitud moral para ocupar ese cargo", resaltó.
Otros integrantes del Consejo objetaron esa postura. Los jueces Diego Barroetaveña y Alejandra Provítola y el abogado Miguel Piedecasas hicieron foco en que el reglamento establece que se debe archivar porque así lo dice el expediente. La pelea estaba planteada: se votó y hubo ocho consejeros que decidieron aprobar el archivo pero nueve rechazaron y tres se abstuvieron: Horacio Rosatti, el juez Alberto Lugones y el representante del Poder Ejecutivo Sebastián Amerio.
De esta forma, no se llegó a conformar la mayoría que se requería para aprobar la desestimación. Las discusiones seguían y los consejeros no se ponían de acuerdo. Finalmente lo que se resolvió es que el tema se trate en una reunión de la comisión de Labor, que donde -a puertas cerradas- se reúnen los consejeros para tratar los temas que van a integrar el plenario. Una historia que continuará.
Ternas y sistema acusatorio
Por otra parte, lo que si lograron aprobar fueron cuatro concursos para ocupar un cargo en la Cámara Federal de Mar del Plata, uno en el juzgado federal de Rafaela, tres cargos en la Cámara Federal de la Seguridad Social y uno en el juzgado federal 2 de Salta.
Para Mar del Plata la terna quedó integrada con los postulantes Santiago José Martín, Bernardo Daniel Bibel y Julio Gonzalo Miranda y una lista complementaria con Sergio Roberto Rocamora. En el caso de Rafaela la terna quedó con Santiago Díaz Cafferata, Santiago Saux y Verónica Andrea Medina.
Para la Cámara Federal de la Seguridad Social las ternas quedaron de la siguiente manera: la primera con Walter Fabián Carnota, Cesar Antonio Grau y Silvia Graciela Saino, la segunda con María Gabriela Janeiro, Horacio Edgardo Maugeri y Fernando Strasser y la tercera con Javier Benito Picone, Alicia Isabel Braghini y Adriana Alicia Micale. Además se aprobó una lista complementaria con Valeria Alicia Bertolini, María Alejandra Austerlitz, Marina Malva D´Onofrio, Jorge Roberto Picco y Orlando Javier Moreno. Y para el juzgado federal de Salta la terna fue aprobada con Diego Anzorreguy, Mariano Ramiro Zurueta y Mariela Alejandra Giménez.
Además, se logró aprobar una partida especial de 474.136.266 de pesos para la puesta en marcha del sistema acusatorio en Santa Fe y que se agilice el sistema de contrataciones para las necesidades que haya en esa provincia. El sistema acusatorio comenzará el 6 de mayo en esa provincia y significa un cambio de paradigma: establece que las investigaciones quedan en manos de los fiscales y los jueces actúan como garantes del proceso.