La recta final de la campaña rumbo a las elecciones nacionales tiene a los tres tercios de la política peleando por una agenda que, de conquistarla, puede generar una interesante cantidad de votos. Esa agenda hoy lo ocupan los repartidores de aplicaciones de deliverys.

Cada vez son más los trabajadores autónomos que brindan servicios para estas empresas y la realidad está a la vista: arriesgan su propio capital de trabajo -bicicletas, motos o monopatines-, no tienen cobertura y, en muchos casos, están a merced de los peligros de la calle, en especial para los que trabajan de noche.

Un estudio del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) sostiene que actualmente hay 160.000 personas que trabajan de repartidores. PedidosYa reportó que tiene 35.000 mensajeros mensuales y Rappi, su adversario comercial, unos 20.000. Para SiTraRepA, primer sindicato nacional de mensajeros, en todo el país suman 70.000.

El sindicato estipula que un trabajador cobra $90 mil por 48 horas mensuales, mientras que las aplicaciones hablan de cobros de hasta $250 mil si el repartidor usa la aplicación de 30 a 40 horas semanales.

Lo que exigen los repartidores es que se establezca una relación de dependencia debido a tres motivos: dependen de la aplicación para trabajar, la firma define montos y criterios y la compañía deposita las remuneraciones.

En ese sentido, el Gobierno, a través de su ministerio de Trabajo, acelera para presentar un proyecto en el Congreso para regular las aplicaciones y ampliar el marco de derechos laborales. Los repartidores, más allá de la liquidación mensual, exigen servicios de art, licencias por enfermedad y vacaciones pagas.

"Nosotros reconocemos que se autodefinen como trabajadores independientes que utilizan su propio bien de capital. Nuestra aspiración es que puedan ampliar su marco de derechos", dijo hace poco la ministra de Trabajo.

En ese sentido, en el Congreso ya existe un proyecto que fue presentado el 11 de mayo por autoría de la diputada oficialista María Rosa Martínez. El objetivo era crear el registro de trabajadores de apps de deliverys.

La oposición mete la cuchara

Un sector de la oposición viene siguiendo hace tiempo en esta problemática de los repartidores para que haya una solución. Curiosamente, uno de los primeros que se acercó en la Ciudad de Buenos Aires fue el legislador Ramiro Marra, quien además es candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza.

El candidato libertario lanzó su nuevo equipo de militancia barrial focalizado en los trabajadores de aplicaciones delivery, como Rappi y PedidosYa. La convocatoria logró más de 600 inscriptos en menos de una semana.

Marra ya se había interiorizado por este tema y presentó un proyecto de ley para eliminar del Código Contravencional de CABA la posibilidad de multar a los conductores de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify. “Hay que dejar que la gente labure, no sirve de nada regular estos servicios, solo jode a los vecinos”, señaló Marra.

Este proyecto se dio luego de que el juez Víctor Trionfetti, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°15 de la Ciudad, declarara a la aplicación de Uber como actividad ilegal, en una presentación que hizo el Sindicato de Peones de Taxis de la Ciudad.

Durante el encuentro, también trabajaron la problemática de la inseguridad entre los trabajadores de aplicaciones, donde en muchas ocasiones se organizan para ir de a dos. “Entendieron lo que nosotros queremos defender, que es la autonomía. El liberalismo habla de autonomía, de la autonomía del trabajador. Algunos piensan en términos viejos, donde tal vez una persona trabajaba 40 años en la misma empresa, hoy no es así”, sostuvo.

Por último, cerró: “No podemos negar la realidad ni pisarle la cabeza a la gente que quiere trabajar o consumir, hay que priorizar las elecciones de los porteños. Como demostró la historia, es un terrible error prohibir el progreso de las sociedades”.

La otra persona que se mostró en campaña junto a los repartidores fue Patricia Bullrich, acompañado por otros dirigentes y candidatos de Juntos por el Cambio, entre ellos Jorge Macri, candidato a jefe de Gobierno porteño.

“Coincidimos en la necesidad de seguir trabajando en el marco de la libertad que tienen. Ellos son autónomos, y combinan muchas veces su emprendimiento con sus estudios o empleos, con la realidad personal que cada uno tiene. Por eso nos comprometimos a trabajar un proyecto de ley que les permita tener seguridad jurídica, tanto a las empresas como al trabajador, pero que no limiten la libertad de trabajar y de la flexibilidad”, expresaron desde Juntos por el Cambio.