El ex ministro de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, rechazó haber cometido cualquier tipo de delito en un escrito presentado hoy durante la declaración indagatoria, a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien recusó por “parcialidad manifiesta”.

Dietrich, quien es investigado por la renegociación de concesiones viales durante su gestión, se presentó ante Canicoba Corral de manera remota, en función de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus. Desde el entorno de Dietrich indicaron a Data Clave que el ministro hizo entrega de “un escrito de 120 páginas y 10 anexos documentales dando explicaciones, respondiendo y aclarando todas las cuestiones denunciadas, afirmando que no hubo delito”.

También confirmaron a Data Clave, que el pedido de recusación de Canicoba Corral fue por “parcialidad, manifiesta en su carta de renuncia y sus declaraciones en los medios, y por manejos con arbitrariedad a lo largo del proceso ya que, entre otras cosas, no dio acceso a la totalidad de las pruebas para ejercer el necesario derecho de defensa, fundamental para cualquier indagatoria”.

Dietrich está sindicado como uno de los responsables de haber beneficiado a Autopistas del Sol (AUSOL) y al grupo Consecionario Oeste S.A. con la prolongación de las concesiones en Acceso Norte y Acceso Oeste, sin licitación, hasta el 2030, en un acto que incluyó el reconocimiento de supuestas deudas por atrasos tarifarios por 499 millones de dólares y 247 millones de dólares respectivamente.

“La renegociación denunciada fue la continuidad de lo actuado por gobiernos anteriores y permitió resolver un conflicto de más de 14 años sin que el Estado haya puesto un centavo y cumpliendo todos los requerimientos legales”, señalaron a Data Clave fuentes cercanas al ex ministro de Transporte.
Según el expediente judicial, el acuerdo que habilitó la prolongación de los contratos se dio durante el gobierno de Macri, luego de que las empresas --que tenían vinculación comercial con el grupo que integraba el expresidente-- formularan un planteo administrativo y una demanda ante el tribunal arbitral internacional CIADI, pocos días antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara la jefatura del Estado.
Para los investigadores, esas dos demandas, presentadas recién después de más de 15 años de supuestos atrasos y ante un seguro cambio del signo político del gobierno, constituyeron un escenario ficticio en el cual las empresas no tenían posibilidad de imponerse, y que sirvió como excusa para que el gobierno de Macri extendiera los contratos y reconociera la supuestas deudas.
En su defensa, sin embargo, Dietrich sostuvo que le ahorró al país "un juicio millonario que iban a pagar todos los argentinos; mejoró notablemente las condiciones para el Estado reconociendo un tercio de los montos reclamados; bajó los intereses estirando el tiempo de repago por peaje para que las obras las paguen sólo quienes las usan evitando subas exorbitantes y logró nuevas inversiones en obras fundamentales".
La declaración de DIetrich choca en el expediente con la del ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien enumeró los motivos por los cuales la demanda de Abertis (empresa asociada de Ausol) ante el CIADI no lograría prosperar.
Balbín, de hecho, debió abandonar su cargo luego de manifestarse en contra de ceder ante reclamos como el de las concesionarias de peajes y fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, quien días atrás fue procesado en este expediente, acusado de convalidar actos que afectaron los intereses del Estados.

En la causa, el juez procesó al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y para el lunes está citado a indagatoria el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
Al procesar a ambos exfuncionarios, el juez consideró que "las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes- públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso".
En la causa, se investiga la renegociación entre 2016 y 2018 de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste, los que "resultaron contrarios a las normativas vigentes" en un acto "perjudicial para las arcas del Estado".
La pesquisa gira en torno también a un reconocimiento a las empresas de multimillonarias cifras por inversiones "pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida".
El Estado "terminó abonando sumas millonarias que ni a través de un informe técnico especializado, como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo, surgen justificadas", concluyó el magistrado.