El 12 de junio pasado 33 personas fueron detenidas durante una manifestación contra la Ley Bases mientras se aprobaba en el Senado. La jueza federal María Servini de Cubría dictó la falta de mérito para 28, que se encuentran en libertad.

Pero otras 5 fueron procesadas, con prisión preventiva y todavía continúan detenidas en cárceles federales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones, como amicus curiae, para pedir que se les “revoque el procesamiento y la prisión preventiva y queden en libertad”.

Los cinco procesados que continúan con prisión son Cristian Valiente, Patricia Calarco Arredondo, Facundo Gómez, David Sica y Roberto María de la Cruz Gómez, según el CELS, todos ellos recibieron una serie de acusaciones “exageradas” por parte del fiscal Carlos Stornelli, “con pocas pruebas y sin una descripción detallada y precisa de hechos concretos”. 

Además, afirman que el fiscal federal “sumó agravantes que podrían implicar para las personas detenidas condenas de hasta 30 años de prisión”. 

“El intento de avanzar en el proceso penal, acusar a estas personas de delitos gravísimos y privarlos de su libertad constituye un caso testigo de criminalización a los que los organismos del sistema interamericano de derechos humanos refieren en sus más recientes informes y jurisprudencia”, aseveró el comunicado de la organización social.

En este sentido, sostuvieron que el fiscal actuó “sin presentar pruebas ni fundamentos” sólidos que sostuvieran su idea de que estaban en condiciones de fugarse o entorpecer la investigación. “Lo único que presentó para sustentar sus pedidos fueron tres links de sitios de internet, uno con declaraciones públicas del Poder Ejecutivo difundidas en redes sociales y los otros dos con notas periodísticas”, agregaron desde el CELS.

“Por todo esto, consideramos imprescindible que la Cámara analice y revise con seriedad los procesamientos. De continuar, convalidarían un proceso de criminalización que afecta a las personas detenidas y ejerce un efecto de intimidación para quienes quieren ejercer su derecho a la protesta”, sentenció el organismo.