El juez de Garantías N°2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta ordenó este viernes la libertad inmediata de la médica detenida por garantizar el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo de una mujer. 

La profesional fue detenida en la mañana y la decisión del juez fue adoptada luego de realizada la audiencia en sede fiscal en presencia de la defensa técnica de la médica y el letrado de la querella. El magistrado le impuso, como medida sustitutiva, mientras dure el proceso, presentarse semanalmente ante la Fiscalía Penal y prohibición de ausentarse de la ciudad de Tartagal sin autorización previa del Tribunal.

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se pronunció al respecto: "Tememos que se trate de un modo de amedrentar y disciplinar a profesionales que se encuentran llevando adelante prácticas de ILE e IVE (interrupción voluntaria del embarazo), amparadas por la ley en todo el país, por lo que vamos a estar haciendo un seguimiento muy cercano de la intervención judicial y del caso".

La ley 27610 sancionada por el Congreso nacional en diciembre del año pasado, promulgada el 14 de enero de este año y reglamentada el 14 de agosto último, garantiza el acceso a la IVE hasta la semana 14 de gestación, y a la Interrupción legal del embarazo (ILE) por causales: peligro para la vida, para la salud de la mujer o violación.

Gómez Alcorta señaló que la médica "está imputada y detenida por llevar adelante una práctica de interrupción legal del embarazo (ILE) a una joven que prestó su consentimiento libre e informado para realizarla" y que el el Ministerio "se encuentra recibiendo y analizando información sobre la causa".

En base a la información que hasta ahora tiene el organismo "es posible afirmar que el delito que se le imputa a la profesional es el que se encuentra tipificado en el artículo 85, párrafo 2 del Código Penal que prevé una pena muy leve, por lo que, a priori, la detención resultaría absolutamente irrazonable e injustificada", añadió la ministra.

En horas de la mañana, el fiscal Gonzalo Vera ordenó la detención de la médica y generó enormes repercusiones en la provincia. 

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el fiscal Vega sostuvo en su pedido de detención que no se habrían cumplido las causales para realizar la ILE a las 22 semanas de embarazo.

La Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, dispone en su artículo 4, que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional.

Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante.

La Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir sostuvo que la médica detenida "ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE".

Frente a la detención de la profesional, única médica del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, que no adhiere a la objeción de conciencia, sectores en defensa de los derechos de las mujeres convocaron a un pañuelazo en Salta Capital en el Ministerio Público Fiscal a las 11 y en el Hospital Materno Infantil a las 12.

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En tanto, el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), a cargo de Victoria Donda, expresó su preocupación y repudio "por la detención de una médica que garantizó una Interrupción Legal del Embarazo en el marco de la Ley 27.610"

"Queremos resaltar que la profesional ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE", agregó el INADI.

A su vez, declararon que "este es un caso más en el que se persigue a quienes quieren hacer cumplir la ley de ILE ya que, a raíz de esta detención, Tartagal se queda sin médicos que no sean objetores de conciencia, obstaculizando así el derecho de las personas gestantes del lugar a disponer de sus propios cuerpos".

En la misma línea, sumaron: "Estas prácticas discriminatorias afectan los derechos de las mujeres y personas gestantes y pretenden infundir temor en el resto de los profesionales de la salud que garantizan que los mismos sean cumplidos".

"Desde el INADI manifestamos nuestro repudio a este accionar discriminatorio y ponemos a disposición nuestros servicios para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ampliamente discutida en el Congreso e impulsada por la sociedad desde la calle", concluyeron.