El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (PRO), tiene por delante un fin de semana complejo. Y las razones sobran. Sucede que durante la sesión que trató la rendición de cuentas de su gobierno, los concejales del Frente de Todos expusieron una situación que pone en duda la transparencia de su gestión.

En concreto, los ediles de la oposición corroboraron, a través del sistema de Información financiera Municipal RAFAM, que Javier Frías, quien integra el bloque de Juntos. forma parte de una sociedad que cobró de parte del gobierno local más de un millón de pesos en lo que va del año como proveedor de panificados.

Es tan fuerte el escándalo político que el Frente de Todos solicitó que el concejal abandone su banca algo que, pese a que el edil se abstuvo de votar al reconocer la incompatibilidad existente, fue rechazado por el apoyo de Juntos 

Frías, que entró como concejal del PRO en 2019 y tiene un rol de peso en la liga de fútbol local, explicó que efectivamente se hablaba de la panadería de su familia, y que la misma es proveedora del municipio “desde hace 15 años”.

También confirmó que, tras el fallecimiento de su padre, quedaron como sucesores él y sus hermanos. “Sinceramente me duele mucho esta situación que tengo que estar pasando”, manifestó antes de abstenerse del pedido de cesantía en su contra.

La oposición intentó por todos los medios que Frías abandone el recinto para no poder ejercer el voto. Pero no lo consiguió y decidió retirarse del HCD. Lo mismo que la representante del partido de Javier Milei a nivel local, Celeste Arouxet.

“La situación que planteamos hoy en cuanto al concejal Frías es un claro hecho de corrupción porque el  funcionario usa las oportunidades y conexiones a beneficio personal contra la ley y los principios morales”, sostuvo la edil del FdT, Mercedes Landívar. Y agregó que también es un “acto de arbitrariedad porque se actúa de manera caprichosa, no obedeciendo la ley y haciendo lo que se le canta”.

Además calificó el hecho como “un acto irregular porque hay una clara intencionalidad,  desconociendo la normativa y conociendo la incompatibilidad. Hoy estamos frente a un hecho grave de corrupción. Observamos cómo, desde hace más de seis meses, un concejal de Cambiemos es también proveedor del municipio, dónde en lo que va del año 2022 ya ha facturado más de un millón de pesos a la municipalidad y, al mismo tiempo, ha estado percibiendo su sueldo como concejal de Juntos”.