A los 88 años, María Romilda Servini de Cubría no abandona el poder. Desde su despacho en Comodoro Py, la jueza federal quedó al frente de la causa que investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $Libra, en la que Javier Milei está acusado de haber promovido una inversión que terminó en pérdidas millonarias. El caso, que ya suma más de cien denuncias, podría convertirse en un escándalo de dimensiones inéditas para el gobierno libertario.

La llegada de “La Chuchi”, como se la conoce en la intimidad, a la causa no pasó desapercibida. El sorteo fue realizado por Mariano Llorens, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien optó por el método tradicional del bolillero en lugar del sistema informático de la Corte. "Pasamos de la sospecha por el sistema informático a la sospecha por mano fría y bolilla caliente", deslizó una fuente judicial. El fiscal encargado será Eduardo Taiano, conocido por sostener en su investigación que el fallecido fiscal Alberto Nisman fue asesinado.

Pero el verdadero ruido lo genera el vínculo personal de la jueza con el entorno más íntimo de La Libertad Avanza. Servini es cercana a Claudia Balbín, madre de Santiago Viola, el abogado que maneja la lapicera del partido. En círculos libertarios, admiten que Viola le dice "tía" a la jueza. Según trascendió, Karina Milei habría enviado al propio Viola a Comodoro Py para evaluar si convenía que el presidente se autodenunciara. Finalmente, el gobierno optó por crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para intentar controlar los daños.

"Mi sobrino está con ustedes", habría dicho Servini en una reunión, según reveló un dirigente libertario. El dato no es menor: la jueza quedó a cargo de la investigación más sensible que enfrenta el oficialismo, y sus lazos familiares con el entorno presidencial no hacen más que alimentar las sospechas sobre la imparcialidad de su accionar. En Py, sin embargo, aseguran que la jueza es implacable cuando quiere y que puede complicar incluso a los que le resultarían más cercano.

La trayectoria de Servini está plagada de episodios que reflejan su capacidad para adaptarse al poder. Durante el menemismo, investigó el Yomagate, el escándalo que involucró a Amira Yoma, cuñada de Carlos Menem, en un caso de presunto lavado de dinero en el que también estuvo involucrado el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. También protagonizó uno de los actos de censura más recordados, cuando en 1992 prohibió al humorista Tato Bores mencionarla en su programa. La decisión generó un repudio masivo y, años después, la jueza admitió haber cometido un error.

En tiempos del kirchnerismo, su actuación osciló entre el avance y la parsimonia. Estuvo a cargo de la causa por espionaje ilegal contra la exSIDE y del expediente por presuntas irregularidades en el programa Fútbol para Todos. Sin embargo, se la criticó por no haber avanzado con firmeza mientras el oficialismo estaba en el poder, acelerando las medidas recién a partir de 2015, cuando el gobierno cambió de signo político.

En 2017, fue la responsable de investigar el presunto financiamiento irregular de la campaña de Cambiemos, pero la causa no prosperó. Cabe recordar que además de dirigir las causas federales tradicionales, tiene a su cargo la competencia electoral, lo que la hace relevante en cada uno de los comicios que se llevan adelante.

Ya con Mauricio Macri en el poder, tuvo un enfrentamiento con el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuando intentaron forzar su jubilación al superar los 75 años. Elisa Carrió salió en su defensa, en un movimiento que expuso las tensiones internas del Poder Judicial.

La impronta oficialista de Servini es un sello distintivo. Fue clave para garantizar el interinato de Eduardo Duhalde tras la crisis de 2001, habilitando legalmente la asunción del santacruceño Néstor Kirchner. En 2003, dictó una resolución que permitió dividir al PJ en tres, allanando el camino para el nacimiento del Frente para la Victoria.

Hija de un juez y nieta de un fundador de la Cámara de Apelaciones en San Nicolás, se crio entre tribunales y política. En 1976, un mes antes del golpe de Estado, fue nombrada jueza en lo Criminal de Instrucción por Isabel Perón. Desde entonces, nunca abandonó los pasillos de los tribunales, consolidándose como una operadora eximia con contactos a ambos lados de la grieta.

El Criptogate, como ya se conoce al escándalo por la estafa de $Libra, vuelve a poner a Servini en el centro del tablero. La denuncia presentada por Claudio Lozano y otros referentes señala que el presidente Milei participó de una "megaestafa" bajo la modalidad conocida como rugpull, donde los creadores de un proyecto cripto atraen inversores, inflan el valor y luego desaparecen con el dinero.

Los querellantes pidieron medidas extremas: desde el allanamiento de la Quinta de Olivos hasta la pericia a la cuenta de X (ex Twitter) del presidente, pasando por el bloqueo de billeteras virtuales. La investigación no solo apunta a Milei, sino también a otras personas cercanas al mandatario que habrían estado involucradas en la operatoria fraudulenta.

En paralelo, la jueza enfrenta críticas por su supuesta simpatía con el gobierno. No obstante, quienes la conocen aseguran que su verdadera lealtad no está en los partidos, sino en mantenerse en el poder.

Mientras las denuncias se acumulan y el gobierno intenta blindar a Milei, todas las miradas están puestas en ella, la jueza que durante más de 40 años supo moverse en las sombras y que ahora tiene en sus manos una causa que podría definir el futuro del presidente y, quizás, el suyo propio.