A la espera de la definición sobre su postulación a la Corte Suprema de Justicia, el juez Ariel Lijo decidió tomarse una licencia de una semana desde este lunes. En su ausencia, su colega Sebastián Casanello asumió la subrogancia de su despacho. Sin embargo, si el magistrado logra el visto bueno del Senado y consigue los 48 votos necesarios para su nombramiento, la crisis de vacantes en Comodoro Py se profundizará aún más.

El problema no es menor: el 30% de los jueces nacionales y federales sigue sin designación. A lo largo del 2023 y lo que va de la actual gestión, el Gobierno no designó un solo magistrado, mientras que el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, acumula una larga lista de pliegos sin enviar al Senado. De los 1.002 cargos que conforman la estructura judicial, 305 siguen sin titular.

Dentro de ese universo, 121 puestos están en diferentes fases dentro del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de tomar los exámenes y armar las ternas para enviar al Ejecutivo. Actualmente, hay 68 concursos en trámite. La paralización de estos procesos no es nueva: el kirchnerismo bloqueó 85 pliegos aprobados durante la gestión de Cristina Kirchner, mientras que la administración de Milei mantiene en el Ministerio de Justicia 150 designaciones pendientes, entre jueces, fiscales y defensores.

El fuero federal de instrucción es uno de los más golpeados por esta crisis. Cuatro juzgados ya están siendo subrogados y, si Lijo deja su puesto para pasar a la Corte, serían cinco los despachos sin juez titular, sobre un total de doce. Este fuero es clave porque tramita causas de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, y la falta de jueces ralentiza la resolución de expedientes sensibles.

En ese contexto, la sobrecarga de tareas para los magistrados que ocupan más de un juzgado es cada vez mayor. Lijo no solo tiene a su cargo su propio tribunal, sino que también subroga otros dos despachos. La misma situación atraviesan jueces como María Eugenia Capuchetti, que además de su juzgado federal, ocupa el Juzgado N°9, que pertenecía a Luis Rodríguez. También Sebastián Casanello, que asumió la subrogancia del despacho que dejó vacante Claudio Bonadio.

El problema no se limita a los juzgados de instrucción. La Cámara Federal de Casación Penal, la instancia previa a la Corte Suprema, también tiene tres cargos vacantes de un total de doce, mientras que en los Tribunales Orales Federales hay dependencias enteras sin jueces titulares. La falta de cobertura impacta directamente en la demora de los procesos judiciales y genera una incertidumbre creciente en el ámbito judicial.

El Consejo de la Magistratura sigue siendo un punto de conflicto en este entramado. Cada vacante abre un nuevo expediente para su cobertura y, a la fecha, se acumulan concursos sin resolución. Casos emblemáticos son los de los juzgados de Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral, que deberían haberse cubierto en simultáneo, pero quedaron varados en la burocracia judicial. Lo mismo ocurrió con el tribunal de Luis Rodríguez, que aún no tiene un llamado a concurso definido.

Mientras tanto, en el Ministerio de Justicia descansan los pliegos de 43 postulantes para los tres despachos vacíos en la Casación Penal, un tribunal clave antes de llegar a la Corte Suprema. La parálisis de estos nombramientos mantiene en jaque el funcionamiento de la Justicia y refleja el impacto de la inacción política en la cobertura de vacantes.