La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una impugnación ante la ANSES por la resolución del gobierno de Javier Milei que le quitó la jubilación y la pensión, luego de la ratificación de su condena en la causa Vialidad. La presentación la hizo su nuevo abogado especialista en temas previsionales, Facundo Fernández Pastor. 

El recurso administrativo deberá ser respondido por las autoridades del organismo de seguridad social. Previendo que no tendrá respuesta por parte de ANSES, la defensa de la titular del Partido Justicialista ya prepara una presentación ante la justicia. 

El escrito advierte que la decisión del Poder Ejecutivo "viola derechos y garantías consagradas en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina emendada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación" y reclama que "se revoque la resolución mencionada, restituyendo los haberes de las asignaciones mensuales vitalicias indebidamente retenidas a mi mandante, con más los intereses hasta el efectivo pago, lo que se sustanciará en el presente".

La petición de nulidad se basa en que la ANSES no tiene la potestad legal para dar de baja un beneficio. “Lo que debió hacer la administración es instar la acción judicial y no suspender, arbitrariamente, sus efectos tal como resolvió la RESOL-2024-1092″, dice la presentación.

La defensa de CFK planteó que "según la Ley N° 24.018, los ex presidentes y ex vicepresidentes reciben una asignación de carácter contributivo que se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo".  

El pasado 15 de noviembre, el gobierno nacional oficializó la baja de la jubilación de privilegio de Cristina, luego de que Casación confirmara la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la Causa Vialidad. 

Según el decreto publicado por el gobierno, la decisión de eliminarle la jubilación de privilegio y la pensión responde a la incompatibilidad con dicha causa, ya que “la finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.