Una nueva audiencia realizada en la Justicia Penal de Santa Fe reunió a 17 de los directivos de la empresa Vicentin, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos del MPA, Sebastián Narvaja, presentó una imputación por un perjuicio patrimonial para la corregranos Commodities calculado en casi 24 millones de dólares, que vienen de haberse quedado las firmas Renova/Vicentín con 55 mil toneladas de soja que eran de la empresa. De este modo se sumó una denuncia a las que ya existían contra la cerealera con sede en el norte santafesino, derrumbada estruendosamente a fines de 2019.  

Según comentó el sitio santafesino RosarioPlus, durante la audiencia, se determinó que dos de los empresarios que hoy estuvieron en el edificio judicial no podrán salir del país y quedó abierta la posibilidad a una posible imputación por lavado de dinero.

“El fiscal formalizó la imputación de una cuestión concreta vinculada a la toma de granos por parte de Renova y por eso imputó a dos de sus directivos. Esto confluye con Vicentín, porque algunos directivos de esta última estaban en la directiva de Renova puestos por Glencore. El juez entendió que como medida cautelar correspondía la prohibición de la salida del país”, explicó Gustavo Feldman, abogado querellante.

Desde el gobierno, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, aseguró que “en el fraude del Grupo Vicentín, la cuestión se juega en términos de ver si la política pública es capaz de terminar con la impunidad de estos grupos empresarios, evitando las consecuencias que estas suelen tener en términos de mayor concentración y extranjerización, así como también en términos de destrucción laboral”, definió.

En este sentido, volvió a remarcar que el gobierno tiene “la oportunidad de ponerle un límite a la impunidad y construir la empresa testigo que nuestro Comercio Exterior necesita”. En este punto, agregó: “Es hora de que el Estado Nacional juegue de manera inteligente sus fichas. Hay condiciones para ponerle un límite a la impunidad de estos grupos empresarios”.

Por último, el legislador de Santa Fe, Carlos del Frade, uno de los oficialistas locales que sigue desde el primer momento la causa contra Victentin sostuvo que “es hora de terminar con tanta impunidad y mostrar voluntad política para recuperar la principal empresa exportadora argentina”, concluyó.