Ni cuentapropistas, ni locos sueltos. Todas las actividades de espionaje ilegal que se realizaron durante el gobierno de Mauricio Macri fueron parte de un plan sistemático y organizado "desde las altas esferas del Poder Ejecutivo para lograr objetivos políticos y personales; ciertamente alejados de interés estatal legítimo o convincente".

Así lo escribió el fiscal federal Franco Picardi en uno de los dos dictámenes que elevó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa por la que se investigó el espionaje ilegal al Instituto Patria y a la casa de Cristina Fernández de Kirchner.

En uno de los escritos el fiscal pidió la elevación a juicio de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo. También pidió la misma medida para Alan Ruiz, a cargo de Operaciones Especiales de la Dirección Operacional de Contrainteligencia, que estaba a cargo de Martín Coste.

Picardi sostuvo que todos ellos fueron los responsables de que se desplegaran actividades de inteligencia ilegal ordenadas, planificadas y coordinadas por las máximas autoridades de la AFI en perjuicio de la actual vicepresidenta a mediados de 2018, tanto en el Instituto Patria como en su domicilio particular en la Recoleta, donde fue víctima de un atentado meses atrás.

Las actividades de inteligencia ilegal que se desplegaron  "se realizaron bajo dos modalidades en particular: por un lado, durante el día, los agentes de la AFI se apersonaban en los domicilios mencionados para realizar las observaciones, vigilancias, registros y almacenamientos y, por otro lado, durante la noche, se estacionaban autos de técnica (vehículos con cámaras no visibles que filman de modo continuado) en las inmediaciones de los domicilios en cuestión", sostuvo el fiscal.

"Ruiz fungió como nexo entre la decisión de las máximas autoridades de la AFI de realizar tareas de inteligencia ilegal en contra de Cristina Fernández de Kirchner -Arribas y Majdalani- y la concreción de dichas tareas desplegadas por agentes de calle de la AFI de cargos jerárquicos inferiores. ¿Por qué? Porque era una persona de confianza de ambos, por sus vinculaciones previas" ya que "provenía del Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich", dice el dictamen al que accedió Data Clave.

Picardi sostuvo que respecto de los cuatros procesados no hay más medidas de prueba pendientes por lo que corresponde la elevación de la causa a juicio oral. Pero consideró que se debe seguir investigando y apuntó directamente a Mauricio Macri. El expediente se inició por una denuncia de la exinterventora en la AFI, Cristina Caamaño. 

El fiscal recordó que hay más de una decena de causas en la que se investigó el espionaje ilegal que se realizó durante el gobierno anterior no sólo a dirigentes políticos, sino también a periodistas y hasta los mismos familiares de Macri.

Por eso en otro escrito sostuvo que se debe seguir con las investigaciones, ante la convicción que se trató un esquema que contaba con la venia del titular entonces del Poder Ejecutivo, responsable directo de la AFI.

"Impone indagar el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, así como de las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal, tales como las que se abordan en el presente caso", dice el dictamen.

En esa línea, Picardi reseñó además que durante el gobierno de Macri se devolvió a los fondos de la AFI el carácter de reservados, lo que dotó de "opacidad" a ese organismo para, eventualmente, desplegar las maniobras investigadas. Además se dispuso el aumento de presupuesto para el organismo.

Después de realizar una análisis de una decena de causas por espionaje ilegal que se tramitan en diversos juzgados y se fueron conociendo durante los últimos años concluye que todas tienen un esquema coincidente y que se repitan los mismos protagonistas y agentes que realizaron las tareas asignadas.

"Como adelanté, el análisis global de las circunstancias particulares que rodean este caso, y que intersectan con las múltiples investigaciones establecidas alrededor de la actuación de la AFI durante el mandato que tuvo lugar entre los años 2016 y 2019, impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, así como de las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal", concluye Picardi.