En medio de la escalada de violencia que vive la provincia de Santa Fe, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, le pidió al ministro de Seguridad Aníbal Fernández que garantice la seguridad de jueces y fiscales federales que en los últimos días sufrieron amenazas.

El hecho que motivó el llamado del supremo fueron las amenazas de muerte dirigidas al juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; el fiscal federal Javier Arzubi Calvo; la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

La amenaza se concretó mediante un mensaje de WhatsApp que le llegó al senador de la provincia, Lisandro Enrico, donde se veía una foto de una pistola Bersa y un mensaje que los amedrentaba con “balas y granadas”.

En nombre de todos los miembros de la Corte, Rosatti se comunicó con Fernández, quién se comprometió a intensificar la seguridad en las localidades de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

Por su parte, el titular de la Procuración General de la Nación, Eduardo Casal, ordenó realizar un análisis de riesgo para reforzar su custodia personal y se comunicó con los miembros del MPA amenazados para trazar un plan de seguridad.

También los Procuradores y Fiscales Generales de todas las provincias y los Defensores y Asesores generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal reaccionaron ante las amenazas y emitieron un comunicado para reclamar una “política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes”.

“No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal”, agregaron.