Milman fue imputado en la causa donde se lo investiga por recibir presuntas dádivas
El fiscal Stornelli aseguró que el diputado recibió un automóvil por parte de una empresa contratista del Estado cuando era funcionario del Ministerio de Seguridad. Además, fue denunciado junto a Patricia Bullrich por la contratación de agentes de inteligencia que no prestaron funciones pero cobraron sueldos con fondos públicos.
El diputado Gerardo Milman fue imputado por el supuesto recibimiento de dádivas de parte de empresas que brindaban servicios al Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
Según se detalló en el dictamen al que tuvo acceso Data Clave, Milman habría recibido un bien “en consideración del rol que desempeñó como funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
“En efecto, y conforme surge de los términos de la denuncia, en una fecha aún no determinada, el mencionado MILMAN habría recibido un rodado marca Peugeot, modelo 2008 Sport 1.6, dominio AF 068 CS, de parte de la empresa “METALURGICA OLIVA HERMANOS S.A”, dedicada a brindar servicios de seguridad de caudales y proveedora de materiales de blindaje, la cual habría sido contratista del aludido ministerio en la época en la que el nombrado cumplía funciones”, se lee en el documento firmado por el fiscal Carlos Stornelli.
Tras conocerse el dictamen fiscal, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la secretaria de la cartera, Mercedes La Gioiosa, realizaron una denuncia contra el diputado y contra la ex titular de la Cartera, Patricia Bullrich, al sostener que "habrían contratado a 18 supuestos agentes de inteligencia que jamás prestaron funciones pero que sí habrían cobrado salarios abonados con fondos públicos por una suma millonaria”.
“En todos los casos se trataba de personas sin ninguna vinculación, antecedente ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad de la Nación; y llamativamente, los supuestos “agentes”, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel”, detallaron en la denuncia.
La denuncia de Fernández y La Gioiosa recayó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.