La investigación por la pegatina de los carteles en el centro porteño contra la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene en el foco por estas horas a un jubilada que vive en la Recoleta y no se sabe si la intención del juez que tiene ahora  la causa es avanzar más a fondo o tratar de cerrar la pesquisa en esa señora.

Esta mañana se allanó el departamento de Nilda Lilian Melhem, una mujer que vive en la calle Billinghurst al 2100 y quien habría pagado los afiches en los que se acusaba a CFK de asesina por sus vínculos con Vladimir Putin.

En la noche del miércoles, a través del abogado Matías Cúneo Libarona, la mujer se presentó en la causa que está a cargo del juez de instrucción Manuel de Campos para ponerse a disposición de la Justicia, expresar su intención de colaborar y pedir que no se la arrestara.

“No quedó detenida porque se presentó en la causa y además no estaba en su casa”, dijo una fuente de la investigación a Data Clave, tras el operativo en el domicilio de la mujer que supuestamente contrató la impresión y la pegatina de los carteles.

Durante la tarde, el juez De Campos dispuso suspender la orden de captura contra la mujer, según informó su abogada a Data Clave.

“He tomado conocimiento de la existencia de la presente causa y de una posible imputación en mi contra -a raíz de distintas publicaciones en portales de internet-, por lo que concurro a ponerme a entera disposición del Juzgado y de la Fiscalía”, dice el escrito que presentó la mujer, según adelantó el diario La Nación.

“La mujer, según los investigadores, habría escrito en sus redes sociales que su padre murió hace dos años a causa del Covid-19, lo que explicaría su dolor y su reclamo al Gobierno por no conseguir vacunas a tiempo”, arriesga el diario.

Parece una explicación demasiado sencilla, para una trama que se desarrolla en simultánea de una feroz interna dentro del Frente de Todos y con una oposición que siempre juega al límite de la mala praxis política.

El juez De Campos está a cargo ahora de la causa que se inició por una denuncia de José “Pepe” Albistur, histórico publicista del peronismo, amigo del presidente Alberto Fernández y pareja de Victoria Tolosa Paz.

Albistur presentó la denuncia porque algunos de los carteles se pegaron en las marquesinas que tiene en concesión desde hace años en las principales calles y avenidas de la ciudad de Buenos Aires.

Hasta el viernes último la causa estaba delegada en manos del fiscal Leonel Gómez Barbella, pero el juez De Campos decidió reasumir el control del expediente al no compartir la línea de investigación hacia la que apuntaba el Ministerio Público.

Para entender las divergencias entre la fiscalía y el juzgado es necesario hacer un repaso de cómo avanzó la pesquisa. A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad de CABA se identificó una camioneta Fiorino, que se usó para pegar los carteles.

El seguimiento de la camioneta llevó hasta un depósito en la zona Oeste, propiedad de Darío y Christian Méndez, padre e hijo, a quienes se vincula en la zona de Morón con el ex intendente del PRO, Ramiro Tagliaferro, ex marido de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, ahora vecina también de la Recoleta.

Los Méndez declararon que los carteles se confeccionaron en una imprenta de Lanús, cuyo dueño es Julio César Franchino. Los Méndez dijeron que los carteles se los dio para pegar Francisco Serrano, un empleado jerárquico de la imprenta.

Cuando declaró en la fiscalía Franchino dijo que Serrano llevó el trabajo y admitió que allí se había hecho la impresión.

“Serrano trabajó hasta el año pasado con el publicista Valentín Bueno. Figura como empleado de Latcom, la empresa de Bueno, con la que también tuvo vinculación Méndez. El publicista, que recibió gran parte de la pauta publicitaria de vía pública durante el macrismo y la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña, niega categóricamente que haya mandado a hacer los carteles”, consigna Página 12.

Y así se llega a las divergencias entre el fiscal y el juez. Gómez Barbella le pidió a De Campos dos veces el allanamiento y la declaración indagatoria de Serrano, pero sin suerte. También que se hiciera un peritaje sobre su teléfono celular, pero el juez tampoco accedió, dijeron las fuentes consultadas por Data Clave.

Al mismo tiempo que se lleva adelante la causa en la justicia nacional hay otra investigación del Ministerio Público porteño que se inició por una denuncia de Juan Bautista Mahiques, el fiscal general de CABA que antes de ocupar ese cargo fue funcionario del macrismo.

Gómez Barbella le pidió De Campos que reclamara la inhibitoria de la causa de Ciudad, por entender que en los dos expedientes se investigan los mismo hechos, pero el juez tampoco se lo concedió. Porque el juez no quiere indagar a Serrano es un misterio. La duda es si todo terminará en la jubilada de la Recoleta.