Un claro conflicto de poderes envuelve a la provincia de Santa Fe. La vicegobernadora Alejandra Rodenas, firmó una nota en la que el Senado provincial le pide a un juez que archive las denuncias contra el histórico senador por el departamento de San Lorenzo, Armando Traferri, acusado de ser el supuesto líder de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino. Con esta decisión en mayoría, el Poder Legislativo le dice al Judicial qué hacer, con la firma de quien es la segunda en la línea de sucesión del Ejecutivo.

Rodenas, quien además preside la Cámara de Senadores, expresó en un comunicado que la resolución Nº 42806-DBR no es un acto parlamentario promovido ni impulsado por ella y que lleva su firma porque así lo establece el reglamento interno del cuerpo, que obliga a la titular del cuerpo a autenticar las decisiones adoptadas por la Cámara.

Al trascender la información durante la tarde del lunes, fueron muchos los que sugirieron que Rodenas había promovido el cierre de una causa penal que involucraba a un senador con la que la vice gobernadora mantiene un vínculo político muy estrecho. “No condice con la verdad, ya que me he limitado a comunicar al juez interviniente una resolución que expresa la voluntad del cuerpo, se trata de un acto meramente administrativo”, explicó en su aclaración. Y agregó que “en el actual sistema procesal penal el archivo de una causa es facultad indelegable y exclusiva de los fiscales”.

La sospecha sobre el posible intento por proteger a Traferri comenzó a cimentarse la semana pasada, cuando la Cámara Alta provincial dispuso por mayoría otra resolución polémica: la creación de una comisión para investigar el trabajo de los fiscales. Esto trajo malestar en todo el ámbito de la Justicia. Si bien desde el entorno de Rodenas indican que su firma no implica que avale las decisiones del Senado –ella como Presidenta de la Cámara no vota, ni define– su vínculo con Traferri es de público conocimiento. 

Al respecto, el diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos del Frade señaló que “Rodenas llegó a la vice gobernación de la mano de Traferri, ella es en realidad su propio experimento político, por eso ahora ella lo sale a bancar y termina siendo servicial a esta maniobra”. 

La nota, impulsada por el propio Traferri, fue enviada cuatro días atrás a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rosario. Allí se le “hace saber” al juez Carlos Rubén Leiva que “de acuerdo al resultado de la votación en sesión fecha 17/12/2020 no puede avanzarse en el proceso judicial instaurado contra el senador Armando Traferri”. En aquella fecha, el Senado provincial rechazó quitarle los fueros parlamentarios al funcionario, tras el pedido de dos fiscales de la provincia para imputarlo como el supuesto líder de la asociación ilicíta.

El texto agrega que la Cámara actuó “en estricto ejercicio de las facultades a ella conferidas por el artículo 51 de la Constitución provincial” y que fue “consentida por los propios señores fiscales, quienes en su momento solicitaron el pronunciamiento del Senado con fundamento en las mismas normas que ahora se cuestionan”. Además, se faculta a Rodenas para que “proceda a interponer ante el juzgado actuante la presente actuación, a fin de ser tenida en cuenta como parte en el proceso”.

“Lo más triste y terrible de todo esto es que el Senado se va convirtiendo en una ciénaga en donde los senadores se defienden a sí mismos y defienden cada vez menos la democracia para el pueblo”, lamentó Del Frade.

La polémica se trasladó al Ejecutivo

El Ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, ha venido demostrando un aval explícito a la investigación que llevan a cabo los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery quienes pusieron la lupa en una organización criminal dedicada al juego clandestino, con protección judicial y política.

“Permitir que se cree una comisión legislativa para auditar al Ministerio Público de la Acusación seria otorgarle funciones al poder legislativo que en un sistema republicano no le corresponde, va en contra de la división de poderes", aseguró Sain en diálogo con Data Clave.

"El MPA, por Ley Orgánica, ya cuenta con una auditoría interna permanente que realiza informes anuales y los eleva para su supervisión constante, a mi entender, un nuevo organismo implicaría invadir esferas de manera ilegal entre ambos poderes", reforzó el titular de la cartera sanitaria santafesina.

La mirada que propone el sociólogo especializado en temáticas de seguridad que el gobernador Omar Perotti es crítica del rol que le cabe al cuerpo presidido por la vicegobernadora. "Parecería que el objetivo de todo esto, es controlar a los fiscales, quieren controlar investigaciones que los comprometen a los factores de poder protegidos por algunos senadores", finalizó el funcionario.