Luego de la marcha antifascista, Diputados tratará los cambios en la Ley de Identidad de Género
La Comisión de Mujeres y Diversidad convocó a una reunión informativa para que expongan representantes de la comunidad LGBTIQ+.
El pasado miércoles 5 de febrero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció cambios en la Ley de Identidad de Género, entre ellos la prohibición de tratamientos de hormonización para menores de 18 años y la imposibilidad de registrar su nuevo nombre y sexo. También confirmó que se denegarán los traslados en cárceles por cambio de género. La medida fue publicada al día siguiente en el Boletín Oficial, casi una semana después de una masiva marcha de la comunidad LGBTIQ+, luego de los dichos del presidente Javier Milei en Davos. En este marco, Diputados tratará en comisión la medida del gobierno, junto a referentes de organizaciones civiles y políticas.
La reunión informativa fue convocada por la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, y se llevará a cabo este martes desde las 14, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. Allí expondrán expondrán referentes de organizaciones, instituciones, partidos políticos, sindicatos y asociaciones civiles.
La diputada nacional de Unión por la Patria afirmó que hay “colectivos que están siendo muy afectados por las últimas definiciones de Milei”. Además, en declaraciones a NA, anticipó que se "trabajará" con referentes de la comunidad LGBITQ sobre "las consecuencias del discurso de Milei cargado de violencia y de persecución, que por ejemplo implica el ataque que sufrió una pareja de lesbianas hace pocos días, el incendio en la casa de Cañuelas también de una pareja lesbiana".
"Todos esos avances en contra de los derechos terminan teniendo un impacto muy doloroso en la vida de muchas personas en relación a su vida, su vida cotidiana y también en relación a los proyectos y a los procesos vitales de cada uno", añadió la legisladora.
Sobre la prohibición de tratamientos de hormonización para menores de edad, el gobierno señaló en el comunicado oficial que estas intervenciones son "irreversibles y pueden ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares y consecuencias catastróficas en la salud mental".
“Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental”, agregaron.
Esto último fue respaldado por el expresidente Mauricio Macri, quien inclusive felicitó a Javier Milei por impulsar la medida. “En los últimos años, estudios internacionales comenzaron a advertir sobre los riesgos para la salud que implicaban los tratamientos de bloqueo de la pubertad y hormonas cruzadas en menores de edad. Estas advertencias coincidieron con un crecimiento desproporcionado de la demanda de tratamientos de esa naturaleza, principalmente en mujeres adolescentes y en niñas”, expresó el exmandatario.
Según el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, de 4.200 personas en procesos de hormonización en la Provincia de Buenos Aires, solo 22 son menores de 16 y 17 años, es decir el 0,5%. Además, agrega que no se realizan intervenciones de reasignación de género a menores de edad.
Cabe recordar que de acuerdo con lo que establece la ley, para solicitar una terapia de hormonización o una cirugía de reasignación, las personas deben tener más de 18 años. En el caso de menores de 18 años, se debe contar con la autorización de sus tutores legales y en el caso de que no exista tal autorización, se puede recurrir a la Justicia “teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Otro tema que se abordará son los posibles cambios en la ley de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros "Diana Sacayán-Lohana Berkins", que establecía que el Estado debe destinar un 1 por ciento de los cargos a esa población.