Sin ningún margen de duda. Así definió la jueza Marta Cirulli la quiebra de Correo Argentino S.A, a pesar de las intenciones de la familia Macri. El expediente comenzó hace 20 años y desde 2010 atraviesa un proceso de salvataje, confirmado en 2019 por la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

En lo formal, esta decisión implica un revés para SOCMA, que buscaba que su oferta fuera aprobada y que incluía un pago del 100% al Estado Nacional luego del fallido acuerdo durante el gobierno de Mauricio Macri. La saga derivó en una causa penal por el presunto perjuicio al Estado. La decisión fue comunicada a la Inspección General de Justicia y al Banco Central.

La quiebra ahora puede ser apelada a la Cámara en lo Comercial, la misma que fue señalada este fin de semana por Macri en su carta y que tuvo también un enfrentamiento con el Tribunal Superior de Justicia.

Hay que recordar que SOCMA buscó desautorizar a la Cámara a través de la intervención de la Corte porteña pero finalmente las juezas María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini contestaron la semana pasada y dejaron en offside al TSJ. “Carece de fundamento normativo”, le espetaron.

Críticas a la familia Macri y demoras en una causa récord

En la resolución de 44 páginas a la que tuvo acceso Data Clave, la jueza dejó en claro las distintas dilaciones a lo largo de los 20 años que lleva el expediente y puso el foco en la actuación que tuvo SOCMA durante el proceso. Descartó, por un lado, que el Estado fuera un acreedor hostil (tal como lo había reclamado la compañía) y detalló la cantidad de veces que se presentó en las audiencias para llegar a un arreglo.

“No podría en ningún caso interpretarse que la posición evidenciada por el acreedor Estado Nacional en este concurso, es irrazonable o abusiva, por la sola circunstancia de no haberse expedido afirmativamente sobre la propuesta de pago o por haberla rechazado”, aclaró la jueza. 

“Véase que el Estado Nacional se sujetó al procedimiento concursal por casi veinte años, haciéndose parte en el proceso, negociando con la concursada, asistiendo a las audiencias donde fue convocado, todo para obtener el cobro de su crédito (lo cual, en definitiva, se proyecta a la sociedad toda), originado hace al menos veinte años en condiciones económicas y de mercado diferentes a las actuales”, explicó Cirulli en la resolución donde se dedicó a desentrañar cada uno de los argumentos provistos por SOCMA.

Analizó después la situación de la compañía: “no tiene actividad comercial, se encuentra en una situación ruinosa, en los términos informados tanto por la Sindicatura Controladora, como por la Sra. Interventora y el Estudio Evaluador, sin poder afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios -que se satisfacen mediante donaciones societarias- y con un desmesurado pasivo concursal y postconcursal”.

En esa línea, la jueza sostuvo que hay dudas razonables sobre la capacidad de pago y consideró que no puede cuestionarse que el Estado “encuentre insuficiente una propuesta que no contempla la entidad actual de la deuda, ni quiera sujetarse a decisiones jurisdiccionales inciertas y extrañas al quicio mercantil”. 

Como conclusión, la jueza hizo una serie de consideraciones finales: “efectué mis reflexiones serenamente, tras un estudio profundo y minucioso de las muy singulares aristas de este procedimiento, como resulta de la totalidad de las consideraciones efectuadas y de la base legal utilizada”. A eso le agregó que se hizo cargo de la dificultad que “enfrentará el lector común para comprender cabalmente los fundamentos expuestos en el cauce de tan atípico trámite, por lo cual intenté desarrollarlos con la mayor sencillez y simpleza posibles”.

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