Los movimientos sociales no ceden y se cierne otra tormenta en la interna del Frente de Todos

“La tensión crece porque la caja es cada vez más chica y el descontento de abajo sigue creciendo, vamos a ver hasta donde llega”, dicen de un lado. “No se justifica, estamos atacando la indigencia, tenemos 58% de los pibes debajo de la línea, ¿querrán que vuelva Macri?”, contestan del otro rincón.

Un nuevo conflicto emerge en el Frente de Todos. Los movimientos sociales, integrados al Gobierno, plantaron bandera esta semana  y piden una acción más agresiva para acompañar a los sectores vulnerables. El Gobierno hace malabares con recursos limitados mientras sufre el impacto sanitario y social de la segunda ola de contagios de coronavirus, a la vez que trata de cerrar acuerdos con el FMI y el Club de París.

El primer síntoma fue que en las movilizaciones diarias en el centro porteño, comenzaron a figurar sectores afines. En plena pandemia, el Gobierno había logrado contener los reclamos de un sector importante de las organizaciones sociales. Esa tregua comenzó a quebrarse con la demora de anuncios económicos destinados al sector informal. Y se quebró del todo con la ampliación de la Tarjeta Alimentar, una política que los movimientos consideran insuficiente, pero que además los saca del juego, debido a que evita la intermediación entre el Estado y la población objetivo.

La primera crítica la expresó Juan Grabois, dirigente de la CTEP. Pero luego se sumaron Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y también Esteban “Gringo” Castro, secretario general de  la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La UTEP es la estructura que a finales de 2019 aglomeró a todas estas agrupaciones, que durante el Gobierno de Mauricio Macri se identificaba como el “trío piquetero” o el “trío San Cayetano”. 

El lunes, la UTEP sintetizó su posición sobre los anuncios del presidente Alberto Fernández en un comunicado: “Disentimos de la Tarjeta Alimentaria porque corre el eje de la inclusión desde el trabajo, es ineficiente y limitada. Hay que profundizar políticas que reconocen el trabajo de la economía popular, blanquean su situación, dotan de derechos y creando puestos de trabajo que faltan”.

Lo curioso es que todos los mencionados ocupan funciones en el Gobierno o cuentan con representación directa en la estructura gubernamental. Y es lo que generó malestar en el Frente de Todos, que aún no superó el sismo provocado por la interna en el Ministerio de Economía. 

Es, no obstante, una disputa por controlar una billetera que es cada vez más flaca, según reconocen en ambos puertos. Y en esa puja, los dirigentes sociales tienen una serie de proyecto que consideran más prioritarios que la Tarjeta Alimentar: un ingreso universal para los trabajadores informales, ampliar el Potenciar Trabajo, y avanzar en el Plan de Desarrollo Humano Integral, el ambicioso proyecto para construir un millón de viviendas en cuatro años a través de cooperativas. 

Pero en el Gobierno, en una visión que comparte el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, creen que hay un objetivo determinante y de corto plazo: atacar el hambre. Y allí se sustenta la decisión de ampliar la cobertura de la Tarjeta Alimentar a madres de niños y niñas de hasta catorce años. 

Donde no se disimula el enojo es en el entorno del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien se quedó en Argentina administrando los asuntos diarios. Desde ahí responden a las críticas que recibió la Tarjeta Alimentar: “Hoy tenemos 58% de pibes bajo la línea de pobreza. Con esto atacás para salir de la indigencia. ¿Qué proponen? Está claro que la solución es el empleo, pero hay que atender lo urgente”. 

Esa misma fuente dejó el debate puntual para avanzar en una crítica más afilada: “Y encima confrontan con Daniel Arroyo, con La Cámpora y ahora con Alberto, los extremos parecen juntarse, ¿Querrán que vuelva Macri? Porque ahí cobraron de lo lindo”.

Otra tesis que manejan en Casa Rosada es que, con la Tarjeta Alimentar, los movimientos sociales quedan marginados del juego, debido a que este plan se asigna directamente a los beneficiarios. Según un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, proveniente de la UTEP, esta es una “chicana”. 

“Es una chicana que en algunos casos es cierta, pero en la UTEP no pedimos más planes, sino un ingreso universal, una política directa para todo el sector que trabaja informalmente, que hace changas, que hace trabajo de cuidados, comedores. Con el IFE quedó clara la dimensión de este sector”, sostiene la misma fuente. 

Un logro que se le adjudica al Gobierno durante el 2020 es que supo controlar el conflicto social. Y en ese logro los movimientos sociales tuvieron un rol preponderante. Pero ahora sostienen que las demandas de “abajo” están in crescendo y que necesitan adoptar otra postura. 

Radiografía de la asistencia social durante la pandemia

Desde la cartera que conduce Arroyo optan por no confrontar. La situación es de extrema fragilidad. Prefieren, en tanto, repasar los recursos destinados para afrontar la crisis durante la gestión, que estuvo atravesada por la pandemia: 

-Durante 2020, se triplicó el presupuesto 2019, que pasó de 80 mil millones de pesos a 240 mil millones de pesos.

-La Tarjeta Alimentar vuelca 10 mil millones de pesos mensuales que se destinan a alimentos (movilizan la economía del sector y sostienen la calidad nutricional).

-Este año habrá un aumento del 40% de los alimentos destinados a comedores comunitarios y merenderos.

-Programa Recuperar, de asistencia financiera para empresas recuperadas para la compra de maquinaria o insumos para la producción.

-Programa Potenciar Trabajo: es una de las medidas más reclamadas por las organizaciones sociales. Durante 2020, se destinaron $14.246.697. Al mes de abril, hay 870 mil titulares, que cobran la mitad de un salario mínimo vital y móvil y realizan una contraprestación de 4 horas.

-Puestos de trabajo: desde octubre 2020 hasta febrero 2021, se crearon 89 mil puestos de trabajo, lo que significa personas que durante tres meses consecutivos lograron ingresos por encima del salario mínimo, vital y móvil. Algunas de las personas registradas cobran una parte del salario con Potenciar Trabajo, otras accedieron al Programa de Máquinas y Herramientas.

-Espacios de primera infancia: desde octubre 2020 hasta febrero 2021, se pusieron en marcha 269 jardines maternales y comunitarios y se prevé para este año la construcción de 800 espacios más.

-Urbanización de barrios populares: hay proyectos de urbanización de 4400 asentamientos. Desde octubre 2020 hasta febrero 2021, se realizaron tareas de urbanización en 106 barrios .

Arroyo también opta por mantener esa línea porque debajo de su cargo se ubican varios representantes de los movimientos sociales. Pérsico (secretario de Economía Social), Daniel Menéndez (subsecretario de Políticas de Integración y Formación) y, entre otros, Fernanda Miño (secretaria de Integración Socio-Urbana), quien responde directamente a Grabois. No obstante, los movimientos sostienen que el problema no es con Arroyo, quien entiende sus demandas, sino con la Casa Rosada. 

Y hay un embajador de estos sectores en la Casa de Gobierno, y es al que le toca enfrentar una delicada situación. Se trata de Fernando “Chino” Navarro, del Movimiento Evita. Es secretario de Relaciones Parlamentarios, cargo que depende de la Jefatura de Gabinete. “El  Chino no quiere hablar porque no quiere desautorizar a Pérsico pero tampoco puede quedar mal con Cafiero”, dicen en su entorno.

Navarro habló hace unas semanas, exigiendo vacunas para los trabajadores y principalmente trabajadoras de los comedores populares. Son numerosos los reclamos que emergen de este nuevo conflicto en el Frente de Todos, que difícilmente logre apaciguarse en el corto plazo ante la evidente escasez de recursos. Una vez más, el oficialismo apelará a la "muñeca" del presidente para timonear esta tormenta que aparece en la ruta de la recuperación argentina.