Detrás del presidente Alberto Fernández, durante el anuncio de esta tarde, estaban los integrantes del consejo consultivo que diseñó el Ejecutivo para que asesore respecto al proyecto de reformas en la Justicia que deben presentarse ante el Congreso. Son once juristas de diversas especializaciones y con diversos recorridos que según el mandatario cuentan con un reconocimiento “técnico indiscutido”.

“Quiero agradecerles de corazón, a todas y a todos, por haber aceptado mi convocatoria con total compromiso y de un modo generoso y desinteresado”, dijo el Presidente ante los miembros del consejo y destacó la presencia (vía zoom) de Enrique Bacigalupo: “Gracias profesor por estar siempre dispuesto a colaborar en el mejoramiento de nuestra querida Argentina”. 

Ya está redactado el decreto -y en breve se publicará en el Boletín Oficial- que dictamina la creación del Consejo Consultivo en el ámbito de la presidencia de la Nación y que tendrá como objetivo “asesorar al Presidente, para lo cual deberá elaborar, en el plazo de 90 días desde sus constitución, un dictamen técnico con recomendaciones y propuestas” respecto a los principales ejes de la reforma judicial. 

Este consejo comenzará a funcionar a partir del 18 de agosto de este año. Es decir que el dictamen deberá ser presentado el 16 de noviembre del corriente. Además de los once juristas, estará como coordinador de este equipo el abogado Fabián Musso.

Los y las integrantes del Consejo desarrollarán su tarea ad honorem y las propuestas desarrolladas  “se adoptarán por mayoría de la totalidad de sus miembros”. Las recomendaciones que le brindarán al Presidente serán “parte del debate”, dijo Fernández, al insistir en que el dictamen que elabora el consejo no será vinculante, podrá ser tomado en cuenta como también podrá ser ignorado.

¿Sobre qué van a opinar? Según el decreto este equipo deberá realizar una descripción valorativa respecto al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Sobre cada uno de estas instituciones la comisión deberá analizar el establecimiento de la selección de integrantes, los criterios de selección y una evaluación de las normas de competencia, entre otros puntos.

Deberán realizar un minucioso recorrido respecto a los últimos diez años de funcionamiento de cada uno de estas instituciones y respecto a lo legislado por el Congreso en materia judicial. En este punto, la comisión recibirá el asesoramiento  de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humano.