La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) se prepara para renovar autoridades en el medio de reclamos por el pago de Ganancias, el traspaso de la justicia nacional a la justicia Ciudad y los problemas vinculados con la obra social.  

En el interior del país los comicios se desarrollarán el próximo 25 de noviembre, mientras que en la Ciudad se extenderán los días 24 y 25. Asimismo, en algunas localidades –donde no hay sede de Cámara- lo harán por anticipado, los días 15 o 17.

Tres listas presentarán sus candidatos para conducir la institución a partir de diciembre, por un período de dos años. El oficialismo encarnado por la Lista Bordó buscará mantener al juez civil Marcelo Gallo Tagle a cargo de la conducción de la asociación. La agrupación se mantiene invicta desde hace casi 20 años.

Por su parte, la Lista Celeste propuso a Walter Venditti, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín; mientras que la Lista Compromiso Judicial llevará como primer candidato a Mariano Scotto, juez de Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de Capital.

En las últimas elecciones participaron alrededor de 1900 asociados, con urnas distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Este año, sin embargo, todas las miradas están puestas en escenario político tras las elecciones legislativas y la posible reconfiguración de la Cámara Alta por la vacante en el Máximo Tribunal y en la Procuración General de la Nación.

Tras el anuncio de las candidaturas y en el medio de la campaña, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, visitó la Asociación de Magistrados y se mostró en una foto junto al candidato oficialista Gallo Tagle y la Mesa Directiva de la entidad.

Agenda conflictiva

El ganador, sea cual sea su procedencia, también deberá enfrentar una agenda cargada de conflictos. Uno de los puntos más importantes es el reclamo por los descuentos de Impuesto a las Ganancias.

En agosto pasado, más de 200 jueces enviaron una nota al Consejo de la Magistratura con quejas por el impacto del impuesto en sus haberes. Luego se sumaron más funcionarios a la presentación, para que se revise el protocolo de implementación de la ley 27.346, que obliga a tributar a los integrantes del Poder Judicial nombrados desde 2017.

En este sentido, los consejeros en representación del estamento –e integrantes de las tres listas en pugna- mantuvieron reuniones para definir su postura y se espera que el órgano se expida en las próximas semanas.

Otro de los temas principales es la aplicación de la ley 402 de la Legislatura porteña, en tanto habilita la posibilidad de que el Tribunal Superior de la Ciudad se convierta en tercera instancia, con facultades para revisar las sentencias dictadas en la Justicia Nacional de la Capital Federal. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ya oficializó la normativa en el Boletín Oficial y el Tribunal tiene en sus manos varias causas pendientes de resolución.

Los detectores de la normativa alertan sobre las “graves consecuencias” que podría acarrear la normativa y consideran que se trata de un “nuevo avance” hacia el traspaso de la justicia a la Ciudad, resistido por gran parte de los jueces nacionales. En tanto, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) decidió judicializar la ley y no se descarta nuevas presentaciones por parte de la propia AMFJN.

A este escenario se suma la situación que atraviesa la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) a raíz de las denuncias por problemas en las prestaciones, falta de cobertura y burocracia en las autorizaciones. Además, la gestión del organismo se encuentra en la mira por presuntas irregularidades y cada vez suenan más voces a favor de la representación y participación de los afiliados en el Directorio.