En una sesión maratónica que se extendió hasta altas horas de la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación vivió una intensa jornada de debates y votaciones que culminó con la aprobación en general de un proyecto de ley para el financiamiento de las universidades nacionales. La iniciativa, que encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar cada dos meses y por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios de manera retroactiva, fue impulsada por la Unión Cívica Radical (UCR) y respaldada por diversos bloques opositores, obtuvo 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención, lo que permitió su media sanción. 

El contexto político no fue menos turbulento. Mientras el oficialismo promovía un dictamen alternativo, que fue rechazado por la Cámara, la oposición encontró en el proyecto de la UCR una oportunidad para confrontar al gobierno. Las diferencias entre ambos sectores se evidenciaron no solo en el recinto, sino también en los discursos, donde el impacto fiscal de la medida y la necesidad de garantizar un financiamiento estable para las universidades públicas fueron los puntos más discutidos.

El oficialismo argumentó que el proyecto de la oposición podría desestabilizar las cuentas públicas, comprometiendo el déficit cero, un objetivo central del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, los opositores replicaron que la educación superior merece un compromiso firme y previsible que trascienda las coyunturas económicas.

La sesión, que comenzó al mediodía del miércoles, se desarrolló en medio de un clima de tensión creciente dentro y fuera del recinto. En las inmediaciones, mientras se trataba el proyecto, ocurrian las jornadas de paro que llevan adelante docentes y no docentes universitarios por la caída en el poder adquisitivo de sus ingresos.

Desde el sector oficialista, se cuestionó el apuro con el que la oposición buscó avanzar con la iniciativa, sugiriendo que detrás del proyecto hay intenciones electorales más que un genuino interés por el futuro de las universidades. Por su parte, la UCR defendió la urgencia del tratamiento al destacar la difícil situación financiera que atraviesan muchas instituciones educativas.

Al final de la jornada, cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció la votación en particular, quedó claro que la batalla por el financiamiento universitario no había terminado. Ahora, el proyecto deberá ser debatido en el Senado, donde el oficialismo buscará revertir el revés sufrido en Diputados.

El proyecto de ley aprobado en Diputados establece un marco detallado para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales durante el 2024. En su artículo 1º, se define el objetivo de proteger y sostener el financiamiento en todo el territorio nacional. A tal fin, el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias conforme a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) de 2023, ajustando bimestralmente los montos destinados a las actividades esenciales de las universidades, como la asistencia financiera, el fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y la extensión universitaria.

Además, el artículo 5º obliga al Poder Ejecutivo a recomponer los salarios docentes y no docentes a partir de diciembre de 2023, y a realizar actualizaciones mensuales en función de la inflación. Esta medida busca garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo, estableciendo un piso para las negociaciones paritarias. La ley también introduce el artículo 58 bis a la Ley 24.521, que regula la distribución del presupuesto entre las universidades, considerando criterios como la cantidad de estudiantes, el tipo de carreras, y la actividad científica y de extensión, asegurando así una asignación transparente y equitativa.

Este episodio no solo refleja la fragmentación del Congreso, sino también las profundas diferencias sobre el rumbo que debe tomar el país en materia educativa. Mientras unos abogan por un mayor control fiscal, otros insisten en que la educación es un derecho que debe ser priorizado, independientemente de las restricciones presupuestarias.

Con la media sanción en mano, la oposición ha demostrado su capacidad para influir en la agenda legislativa, aunque queda por ver si el Senado mantendrá la misma postura o si el oficialismo logrará recuperar terreno en esta pulseada política. Lo cierto es que, más allá del resultado final, el debate en torno al financiamiento universitario ha dejado expuestas las tensiones que atraviesan el país en un año crucial.