A última hora del martes 18, la jueza federal María Servini procesó con prisión preventiva únicamente a 5 personas en el marco de la causa por las protestas que se registraron en inmediaciones del Congreso durante el debate de la Ley Bases. En otra resolución, dictó la falta de mérito de otras 28 involucrados, que habías sido detenidos por los efectivos policiales el 12 de junio pasado, cuando la norma impulsada por el Gobierno nacional se trataba en el Senado.

En ese mismo fallo, la magistrada dispuso la excarcelación de 11 de las 16 personas que seguían en prisión. Otras 17 ya habían recuperado la libertad el viernes pasado, pese a la imputación de “terrorismo” solicitada por el fiscal federal Carlos Stornelli, en base a las acusaciones formuladas por funcionarios del Ejecutivo.

La jueza no encontró elementos para sostener esa imputación, por lo menos en este momento. Servini aseguró en su fallo que aún resta mucha prueba que analizar, pero aclaró que la instrucción de este expediente no se trata de criminalizar la protesta social, sino de “garantizarla” para que no se vea afectada por aquellos que concurren a manifestaciones y marchas con la intención de cometer actos de violencia.          

Para la magistrada, en el legítimo juego de la democracia, “se incluye la posibilidad de que las autoridades constituidas constitucionalmente debatan en el ámbito parlamentario que le es propio y que los ciudadanos puedan expresar su apoyo o rechazo en ello en la calle”.

Los procesados

Servini procesó con prisión preventiva a Cristian Valiente por “intimidación púbica en concurso ideal con atentado a la autoridad” (por tener en su poder una granada). También mantiene en la misma situación a Patricia Calarco Arredondo por "incendio en concurso con daño agravado por haberse afectado un bien público”, ya que está acusada de haber prendido fuego a unas bicicletas de acceso público.

También sigue procesado y detenido Facundo Ezequiel Gómez por “intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad”. En tanto, Daniel Sica sigue relacionado a la causa de los incidentes en Plaza Congreso por “atentado a la autoridad, agravado por haberse cometido en reunión de más personas y por haber puesto en manos de la autoridad, en concurso ideal con intimidación pública”.

Servini procesó también a Roberto Maria de la Cruz Gómez por “intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad”.

“Existen determinadas pautas objetivas que permiten afirmar que existen riesgos procesales -tanto un peligro serio y concreto de fuga, como así de entorpecimiento -que no puede ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para derechos individuales que la restricción a la libertad ambulatoria de los imputados”, remarcó la jueza en su fallo al momento de justificar las detenciones de los cinco.

El resto de la causa

A todas las personas que habían sido apresadas, Stornelli les imputó delitos contemplados en el Código Penal, que contempla sanciones para quienes tengan por objeto “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”.

Cuando Servini dispuso la liberación de la primera tanda de detenidos, el fiscal federal apeló esta decisión ante la Cámara Federal y reclamó que 14 de los excarcelados siguieran en prisión.   

Fuentes allegadas a la investigación creían que la Cámara Federal recién podía analizar los planteos sobre el fin de la semana próxima, pero la situación cambió tras los procesamientos.

La magistrada aclaró que hay 100 horas de videos que deben ser analizadas por la Justicia, y entre esos casos estaría el hecho del incendio intencional del móvil de la radio cordobesa Cadena 3.  

“Por supuesto en los hechos concretos, en el caos y la confusión propia de la génesis de procesos como este, distinguir un caso de otro puede ser muy difícil y por ello se deben requerir de comprobaciones adicionales a las que pueden percibirse a simple vista en los momentos iniciales del proceso si no quiere incurrirse en alguna posible injusticia”, agregó.

Sin embargo, Servini aclaró que todavía resta peritar los teléfonos de los implicados, recabar nuevas filmaciones y testimoniales y profundizar la investigación.

De esta forma, la magistrada fundamentó la falta de mérito para 28 personas, que habían sido detenidas en incidentes que el Gobierno nacional calificó en un primer momento como “un intento de golpe de Estado", y dictó cinco procesamientos.