El caso del "Vacunatorio VIP" volvió a ocupar la agenda judicial con la reciente resolución de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento del ex ministro de Salud Ginés González García y varios ex funcionarios. En el fallo, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ratificaron que la vacunación privilegiada, que benefició a figuras políticas y mediáticas, representó una desviación grave de los recursos destinados a los sectores más vulnerables. Sin embargo, el tribunal fue un paso más allá al ordenar a la jueza María Eugenia Capuchetti que profundice la investigación sobre los que accedieron a las dosis fuera del esquema oficial, estableciendo así un nuevo foco en quienes se aprovecharon del sistema.

Entre los beneficiados por el esquema VIP se encuentran nombres de alto perfil como el ex Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el actual ministro de Defensa, Jorge Taiana, el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y su familia, el diputado Eduardo Valdés y el periodista Horacio Verbitsky. El propio Verbitsky fue quien, en febrero de 2021, desencadenó el escándalo al confesar en una entrevista radial que había sido vacunado en el Ministerio de Salud gracias a un llamado de González García. La vacunación en ese momento estaba destinada a personal médico y grupos de riesgo, no al público general.

Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens resaltaron que la desviación de vacunas no se trataba de simples errores administrativos, sino de un abuso deliberado del poder para beneficiar a amigos y familiares de los involucrados. "La amistad o la familia imperó por sobre quienes más necesitaban la protección frente a una de las mayores pandemias sufridas por la humanidad", enfatizaron en su fallo.

Uno de los aspectos más cuestionados del fallo fue cómo los recursos, tanto materiales como humanos, del Hospital Posadas se desviaron para atender a estos "vacunados VIP". Se destacó el rol de Alberto Maceira, entonces director del Hospital, quien organizó el vacunatorio improvisado en el Ministerio de Salud y facilitó la vacunación en domicilios particulares de varias figuras, incluida la familia Duhalde. También se mencionó la intervención de Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, quien coordinó el retiro y traslado de las dosis a lugares fuera de los centros habilitados.

Si bien González García y su equipo fueron los ejecutores de este operativo irregular, los jueces advirtieron que la investigación no puede limitarse a ellos. El fallo instruyó a Capuchetti a avanzar sobre los beneficiarios directos de las vacunas. "Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación", remarcaron, apuntando a figuras como Zannini, Taiana y Valdés, entre otros.

En una decisión que descomprime parcialmente la situación judicial, la Cámara revocó el procesamiento de la médica María Elena Borda, quien había sido señalada por su participación en las vacunaciones en el Posadas. Sin embargo, los jueces consideraron que su rol fue menor y que no tenía conocimiento pleno del esquema irregular.

La causa del Vacunatorio VIP se reactivó luego de que en julio de 2021 la jueza Capuchetti decidiera archivar parcialmente la investigación, argumentando que no había un delito tipificado en el Código Penal que pudiera aplicarse. Sin embargo, la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó continuar con la pesquisa, lo que finalmente derivó en los procesamientos actuales.

Aunque el ex ministro González García y otros implicados han insistido en su inocencia, los jueces concluyeron que las pruebas presentadas son suficientes para sostener la acusación de abuso de poder. Las defensas apelaron, pero el tribunal se mantuvo firme en su fallo, remarcando que las dosis utilizadas nunca debieron haberse aplicado fuera del sistema de turnos establecido por las autoridades sanitarias.

El fallo judicial no solo afecta a los funcionarios implicados, sino que pone el foco sobre una red más amplia de responsabilidades, tanto de quienes desviaron los recursos estatales como de quienes se beneficiaron de ese desvío, aprovechándose de un bien escaso en plena pandemia.

La investigación ahora se centrará en determinar la responsabilidad directa de los beneficiarios del esquema VIP. La jueza Capuchetti deberá avanzar en las pruebas y testimonios que permitan establecer si los vacunados actuaron en complicidad con los funcionarios o simplemente recibieron el beneficio sin ser plenamente conscientes de su irregularidad.