El anuncio formal de lo que ya se venía hablando en materia judicial: así anunció Alberto Fernández una serie de cuestiones que considera clave a la hora de modificar el funcionamiento de ciertos aspectos del mundo judicial. A la sorpresa de la “querella criminal” por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, se le sumaron los cuestionamientos al funcionamiento del Consejo de la Magistratura; ciertos aspectos del trabajo de la Corte Suprema y la solicitud para que la Cámara de Diputados trate de una vez los proyectos de reforma judicial y del Ministerio Público Fiscal.

Sin dar precisiones, retomó algunas de las propuestas que había esbozado el Consejo Consultivo, ese grupo de jueces, académicos y abogados que durante tres meses de 2020 analizó el funcionamiento de distintos aspectos del sistema judicial. Mientras la Corte Suprema en todo su esplendor observaba el acto desde Tribunales, el Presidente habló de la creación de un tribunal intermedio de garantías, una especie de tribunal “pre-Corte” que se encargaría de las arbitrariedades, tal como adelantó Data Clave el mes pasado. Es decir, con esta iniciativa, las sentencias “comunes” quedarían fuera de la actividad del Máximo Tribunal, cuando las discusiones sean por reclamos sobre los fundamentos de un fallo.

De esta forma, la actividad de los cinco jueces quedaría reservada a cuestiones constitucionales o de gravedad institucional. La idea del Gobierno es que ese tribunal “descomprima” la actividad de la Corte, que también está colmada en parte por los propios recursos que el Estado presenta, por ejemplo, en cuestiones de seguridad social. Dentro de Tribunales y entre los y las abogadas consideran que esa instancia puede llegar a agregar una mayor burocracia al sistema. Si bien no se saben las especificaciones, lo cierto es que si la Corte quiere intervenir o si alguien plantea que su causa debe llegar a la instancia superior, siempre “va a ganar” la Corte contra las pretensiones de un tribunal intermedio.

A esto se le suma una reformulación del recurso extraordinario federal, que apunta justamente a cómo llegan los planteos a la Corte, y también mencionó el uso del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Ese artículo es el que le permite a los jueces del Máximo Tribunal rechazar causas que les llegan sin dar una explicación sobre el tema.

Además, el discurso del presidente incluyó una reforma del Consejo de la Magistratura, que actualmente tiene 13 miembros. Irónicamente, esa conformación (propuesta en 2006 por Cristina Fernández de Kirchner) fue declarada inconstitucional en 2015 por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y está todavía en el ámbito de la Corte, que no se expidió sobre el tema. La reforma posible traería una mayor presencia de los estamentos judiciales, en detrimento del componente político.

Con respecto a la aplicación del juicio por jurados a nivel federal, a cuestiones a resolver que todavía lo hacen más complejo en su aplicación, prevista desde 1853 en la Constitución Nacional. Al cerrar el bloque reservado para las cuestiones judiciales, Alberto Fernández le envió un mensaje a la Cámara de Diputados: pónganse las pilas con la reforma judicial y la reforma al Ministerio Público Fiscal. Ambas iniciativas están allí desde el año pasado, luego de haber sido aprobadas por la Cámara de Senadores. La primera incluye también la creación de varios tribunales y juzgados, además de la destrucción del fuero criminal y correccional (el “Nacional”), uno de los que tiene mejor funcionamiento y que pasaría a integrarse con la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Si se habla de la reforma del Ministerio Público Fiscal, el eje del proyecto está en “desarmar los dos tercios”, algo que el macrismo también había intentado durante su gobierno para cambiar la forma de elección del Procurador General. Pasar de la mayoría especial, o sea, los dos tercios de los votos de los senadores presentes a la mitad más uno, lo que le habilitaría al Gobierno la posibilidad casi automática de nombrar un Procurador. Este proyecto no solo generó críticas de la oposición sino también de organizaciones que justamente no son conservadoras del status quo. El dilema recaerá también en si el candidato de Alberto, el juez Daniel Rafecas, decide asumir con ese cambio de condiciones.