La Corte Suprema de Justicia transitó la feria judicial de invierno de una forma "atípica" por las fuertes críticas del oficialismo y proyectos para modificar su integración. Desde este lunes, el Máximo Tribunal retomará su actividad con una agenda cargada de temas, entre los que se destaca una importante audiencia pública vinculada a la preservación de especies en peligro de extinción.

Se trata de un amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés – científicamente conocidos como Panthera Onca - que habitan en el Gran Chaco Argentino. La especie se encuentra “en peligro crítico” de extinción, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

El yaguareté fue reconocido como "monumento natural vivo" en todo el territorio argentino a través de la ley 25.463, pero actualmente se encuentra amenazado por el daño ambiental al bosque nativo. A esta situación se suma la caza furtiva por su piel y la persecución de los lugareños que los matan por considerarlo una amenaza para el ganado.

En 2019, la organización ecologista Greenpeace impulsó una causa contra las provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero y el Estado Nacional, por no cumplir la ley de Bosques, lo que afecta el “hábitat natural de la especie”, según detallaron.

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, explicó a Data Clave que tienen “grandes expectativas” en la sentencia que dicte la Corte. Los supremos deben agendar la fecha de la audiencia pública, donde las partes podrán exponer sus posturas, junto a los amigos del tribunal (amicus curiae). Estos últimos son personas físicas y jurídicas que no son parte en el pleito, pero que cuentan con conocimientos y “un interés inequívoco” en la resolución final del caso.

“Muchas organizaciones, científicos y comunidades originarias seguramente se van a presentar como amicus. Es una causa enfocada en el yaguareté, pero está vinculada a la destrucción del boque, por lo que hay distintos sectores a los que les importa. También vamos a escuchar a las partes demandadas”, explicó Giardini.

Como parte de la presentación, la organización solicitó -de forma cautelar- el “inmediato cese, en la totalidad del territorio de las cuatro provincias demandadas, de cualquier tipo de actividad de desmonte de bosque nativo”.

Asimismo, los jueces Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tendrán que resolver diversas cuestiones que trascienden la causa principal, tales como el dominio de los recursos naturales y el papel de las jurisdicciones locales.

Semanas atrás, los abogados de Greenpeace también requirieron que se admita la personería para representar a la especie en el proceso, al entender que “la especie tiene legitimación para reclamar ante la autoridad judicial humana, toda vez que se encuentra gravemente amenazada su existencia”.

“Se complica la supervivencia de la especie y está cerca su extinción”, detalló Giardini y concluyó: “Pudimos demostrar que hubo por parte de las provincias mecanismos que facilitaron que se violara la normativa nacional”.