Lesa Humanidad: Casación sale a marcar la cancha y pide proteger juicios y pruebas
En una resolución, el presidente de la Cámara, Mariano Borinsky, hizo foco en la importancia de la preservación del material para garantizar los juicios. La disputa por la eliminación de la Unidad de la CONADI que buscaba a los niños desaparecidos en la dictadura cívico-militar. ¿Mintió el gobierno en sus argumentos?
En medio de una nueva ola contra organismos de derechos humanos y procesos de lesa humanidad, y tras la revelación que hizo Data Clave del plan para liberar genocidas, la Cámara Federal de Casación Penal emitió una resolución donde deja en claro la importancia de los juicios y de proteger todas las evidencias. El dardo está claro: en las últimas semanas, el gobierno desmanteló la unidad de la CONADI, restringió los archivos del Ministerio de Defensa y elogió a los indultos.
El presidente de la Cámara, Mariano Borinsky, encomendó a los tribunales federales de todo el país que se encargan de esta clase de procesos a cumplir con una serie de reglas prácticas, con el objetivo de garantizar la preservación de todo el material producido, “procurando el acceso eficaz y eficiente al acervo para su reutilización y difusión”.
En un escrito enviado por el juez Alejandro Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad, se le resaltó a Borinsky que “el resguardo de todo el material probatorio que pueda resultar de valor histórico y judicial en la persecución y sanción de graves violaciones a los derechos humanos y de los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura, violaciones y exterminio, emana de la ineludible obligación internacional asumida por el Estado argentino de esclarecer la verdad de lo ocurrido e informar a las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto”.
La resolución se da en el marco de la medida que tomó el Ministerio de Justicia de cerrar la Unidad Especial de la CONADI que investigaba la desaparición de niños durante la última dictadura cívico-militar. “Esta unidad del Poder Ejecutivo violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba a cabo funciones propias del poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, y violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”, justificó la cartera que conduce Mariano Cuneo Libarona en un comunicado. En otro tramo, aseguró que se “superponía” con la misión de una unidad que funciona dentro del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, sobre este argumento, el fiscal a cargo de la Unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en el MPF, Pablo Parenti, destacó la labor del órgano desarticulado por el gobierno y negó que se trate de una invasión de poderes, sino todo lo contrario.
“En estas dos décadas de trabajo de la UEI, la CONADI remitió al sistema de justicia centenares de denuncias sobre posibles casos de apropiación para que jueces y fiscales pudiéramos investigarlos”, destacó Parenti y agregó: "En estos 20 años ningún juez, ni fiscal cuestionó el trabajo de la UEI. Cientos de causas se originaron en denuncias remitidas por la CONADI sobre la base del trabajo de la UEI. Incluso en varios casos, eso posibilitó el hallazgo de hijas e hijos de desaparecidos”.
En este sentido, aclaró que el Poder Ejecutivo “tiene y tuvo organismos con capacidad de investigar preliminarmente para luego formular denuncias ante el sistema de justicia” y dio como ejemplos a la Oficina Anticorrupción, la UIF o la CONADEP. “Es fundamental que esa tarea articulada entre la CONADI y el sistema de justicia, tan importante para la búsqueda de niños y niñas apropiadas durante el terrorismo de Estado, no se detenga”, concluyó el fiscal.
La respuesta de Axel Kicillof
Tras conocerse esto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires mantuvo un encuentro con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y anunció la creación de un organismo para buscar a personas apropiadas durante la dictadura.
“Ayer nos enteramos que por decisión del presidente Milei se avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) que, entre otras tareas, se dedica a la búsqueda de bebés nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado. Seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo”, aseguró el mandatario a través de su cuenta de X.
Abuelas emitió un comunicado ayer para denunciar “una nueva embestida del gobierno nacional” contra la búsqueda de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar. El organismo exigió al Gobierno nacional que informe “cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la Unidad" y criticaron el desfinanciamiento y la eliminación de las áreas que atienden la problemática de los derechos humanos y el derecho a la identidad.