La pequeña localidad de Sauce de Luna -ubicada en el departamento Federal, centro-norte de la provincia de Entre Ríos- quedó en el ojo de la tormenta luego de que su intendente Pedro Pablo Soreira (Juntos por el Cambio) acudiera a la Justicia tras sufrir una fuerte reducción en el sueldo.

El conflicto se inició en noviembre pasado, cuando el Concejo Deliberante local sancionó dos ordenanzas denominadas "Prohibición de Nepotismo” y “Haberes del Personal Político, Adhesión al SMVM de los empleados municipales (modificado)”, las que dispusieron el aumento de las dietas de los ediles, pero redujeron en un 42% los salarios de los funcionarios políticos del ejecutivo municipal. 

De este modo, el jefe comunal pasó de cobrar $352.598 a $200.727 en el mes de diciembre, lo que, en la práctica, representa una disminución de $151.870. Soreira consideró que el Concejo Deliberante se otorgó, por el contrario, un "aumento unilateral en desmedro de los funcionarios que componen el ejecutivo municipal”.

“Queda claro que esta multiplicidad de funciones que implica asumir un compromiso juratorio de defender los intereses Municipales y que es exclusiva de su responsabilidad implica y supone que la retribución que debe percibir sea suficiente e integral respecto de una actividad cuyo mandato popular le es exigida y controlada y de la cual depende en gran medida el desarrollo y progreso de la Ciudad”, alegó.

Además, el intendente argumentó que la reducción lo deja con un “efímero ingreso” mensual para “dirigir los destinos del Municipio, hacer frente a sus aportes y descuentos de ley, viajar para realizar las gestiones pertinentes, abonar los gastos generales que le son propios de la función y del saldo vivir y mantener a su familia en razón de la imposibilidad material de a ejercer algún trabajo particular”.

Las ordenanzas fueron vetadas, pero el órgano legislativo municipal decidió llamar a sesiones extraordinarias e insistir con la sanción, por lo que al jefe comunal solamente le quedó la posibilidad de acudir a la vía judicial para lograr la “inmediata suspensión de los efectos” y así impedir los descuentos.