La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a meterse en la domiciliaria de Lázaro Baéz y le marcó al Tribunal que, de manera urgente, debe resolver la situación del empresario, detenido de manera preventiva hace más de cuatro años. La defensa de Baéz llegó a la instancia de Casación reclamando una baja en el monto de la caución que le fijaron los jueces del Tribunal Oral Federal 4 para darle la domiciliaria. 

Los famosos 632 millones de pesos de caución salieron de un cálculo que hicieron los jueces y donde tuvieron en cuenta la cotización del dólar MEP (Medio Electrónico de Pagos) y no la oficial como había estimado la fiscalía. Incluso el fiscal Abel Córdoba había dejado en claro que la domiciliaria era para “hacer cesar los efectos del encierro carcelario”, en un contexto aún de prisión preventiva ya que no se le otorgaba la libertad sino una domiciliaria.

Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borisnky fueron bastante fuerte contra el Tribunal: marcaron que el monto de la caución no estaba debidamente fundamentado y que se apartó de lo solicitado por el fiscal. “El cese de la detención carcelaria de Lázaro Antonio Báez, sea por su condición de salud y riesgo frente a la pandemia, sea por haber superado el plazo de detención carcelaria en prisión preventiva, fue postulada por 3 (tres) fiscales en las distintas instancias (primera, segunda y casación) y decidido en el mismo sentido que aquéllos, en las 3 (tres) instancias jurisdiccionales (juzgado, tribunal oral y casación)”, le recordaron a sus pares del tribunal.

“Lo cierto es que en estas actuaciones el Ministerio Público Fiscal no se opuso al pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa de Lázaro Antonio Báez y que ello evidencia que la voluntad del titular de la acción penal no fue una mera consideración a una alternativa a la prisión en la cárcel sino su expresa y clara voluntad de que Lázaro Antonio Báez no puede continuar en el encierro preventivo carcelario”, dijeron los jueces de Casación.

En 24 páginas, volvieron a remitirle la decisión a los magistrados de juicio para que finalmente brinden una decisión acorde a lo planteado por la fiscalía y lo reclamado por la defensa, o sea, que le otorguen la domiciliaria a Lázaro.