Anuncio, debate y de nuevo anuncio. La llamada reforma del Código Pena Juvenil parece ser un eje de acuerdo entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri. El discurso de la funcionaria en la reunión de Consejo de Seguridad Interior (CSI) en Mendoza parece ir en esa dirección. El que también se había mostrado interesado en esa reforma en particular fue su colega en Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que recientemente fue apuntado desde la propia gestión libertaria como uno de los próximos a ser “eyectados” del gobierno.

El anuncio de Bullrich va de la mano con la intención del oficialismo de impulsar en el parlamento otras cuatro iniciativas como la “Ley Antimafias”; la de “Legítima Defensa”; de la “Actualización de los Datos Genéticos” y una norma para agravar la “reiterancia delictiva”. Proyectos que buscará sancionar mientras el Senado se prepara para debatir en el recinto la Ley Bases.

“En los últimos dos meses que estuvimos trabajando en la materia, inclinados por los 14 años, sucedieron muchos hechos de chicos de 13. Entonces eso nos hizo repensar lo que estábamos conversando. Estábamos entre 13 y 14 años, y en base a los informes estadísticos que habíamos analizado, la legislación mundial, estamos resolviéndolo en ese sentido”, aseveró esta semana el titular de la cartera de Justicia, en un guiño a la relevancia que le han dado Bullrich y Petri al tema.

En ese sentido, la ministra destacó la presentación en el Congreso de los otro cuatro proyectos, que ya están siendo debatidos en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Además, cristalizó su objetivo de darle impulso a una norma que regularice todas las armas que no se encuentran registradas.

Los detalles

El proyecto de Ley Antimafias establece, entre otros lineamientos el concepto de “Zona Sujeta a Investigación Especial”, permitiendo una actuación conjunta y sistemática de las Fuerzas Federales de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, de las Unidades Fiscales Especializadas de la Procuración General y de los Juzgados Federales de todo el país.

La norma tipifica “el delito de asociación ilícita agravada por la constitución y funcionamiento de las organizaciones criminales”. Además, “se agravan especialmente las escalas penales y se fija la penalidad del delito más grave cometido por la organización, como pena para el resto de sus integrantes”.

En cuanto a la Ley de Legítima Defensa, se actualizan los requisitos para ejercerla al incorporarse “la diferencia de fuerzas, de edad y de contextura física entre quién es agredido respecto de quien o quienes lo atacan, como así también la experiencia en riña o el número de agresores”.

Estos requisitos “son aplicables para quien pudiera hacer temer, a quien se defiende, por un daño a su integridad física o sexual”. También se considera “la posibilidad de defenderse legítimamente a cualquier hora dentro de su hogar, lugar de trabajo o lugar de alojamiento, cuando haya resistencia o señales de una agresión inminente”.

En cuanto a la norma de actualización del Registro Nacional de Datos Genéticos, “se incorpora la tecnología de ‘huella genética’, que consiste en un ‘código binario’, que se ingresa en un software especializado (no conectado a internet) con los datos de la causa judicial respectiva, sin ningún dato filiatorio de los imputados (aunque ya estuvieran presentados en el proceso) ni el de las víctimas. Sólo se ingresan los datos de la causa”.

En el Registro también se proponen “ingresar los ‘perfiles genéticos’ de todos los imputados y condenados del sistema judicial”.

En cuanto al proyecto de “reiterancia delictiva”, el Gobierno pretende rectificar el concepto de reincidencia, “volviendo al original del Código Penal que, desde 1921, establecía que la declaración de reincidencia se aplicaba a quien había sido condenado con anterioridad por otro delito”.

De esta manera, se modifica “el modo de computar el concurso de delitos y la unificación de condenas. Para el concurso de delitos, ahora se agrava la escala penal”.

En el encuentro del CSI, que concentra a todos los ministros de seguridad del país, se realizó en el auditorio Ángel Bustelo y se enfoca a la tratativa de una serie de ejes principales como narcotráfico; control de precursores químicos; inhibidores; violencia en el fútbol; formación y prevención de violencias. 

“Este CSI es el ámbito de construcción y de avance de políticas criminales y de seguridad que le da a nuestro pueblo a lo largo y a lo ancho del país la garantía de un equipo único en el esfuerzo nacional de policía", sostuvo Bullrich en la inauguración. Su otro objetivo fue conseguir los consensos necesarias para que los proyectos sean aprobados y luego ratificados por las legislaturas provinciales.