El juez federal Ariel Lijo rechazó este martes los pedidos de excarcelación formulados por los 19 imputados de la causa en la que se investiga a la secta que operaba en Villa Crespo, como también dispuso la inhibición general de sus bienes y ordenó el embargo preventivo de 37 inmuebles y 13 automóviles.

Los detenidos acusados de integrar la secta "Escuela de yoga" ayer se negaron a declarar, pero la defensa solicitó la excarcelación. Sin embargo, el magistrado rechazó los planteos formulados por los imputados y respecto de 16 de ellos se determinó que sus solicitudes de arresto domiciliario no eran aplicables a sus situaciones personales.

Con relación a Juan Percowicz, presunto líder de la organización; Susana Mendelievich y Silvia Alicia Herrera, se requirieron los informes de rigor a efectos de determinar la viabilidad del beneficio de la domiciliaria por edad avanzada.

Entre los bienes embargados se encuentra los domicilios allanados, ubicados en Estado de Israel 4453/57, donde funcionaba la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), y el edificio de Guardia Vieja 4072, donde se encontraba la clínica “CMI-Abasto”.

El juez federal también ordenó la inhibición general de bienes, la inmovilización y congelamiento de las cuentas y productos bancarios y al franjado de las cajas de seguridad que registrasen los imputados.

Asimismo, se dispuso el bloqueo de los productos que pudieran registrar los imputados en el mercado de capitales, para lo que se libraron oficios a los Registros de la propiedad inmueble y automotor correspondientes, al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La investigación de la causa conocida como "Secta S.A." pudo determinar que los integrantes de la organización tenían una estructura dividida en diferentes roles que iban desde la captación de fondos, mediante aportes obligatorios y prostitución, hasta su administración mediante la compra de propiedades e inversiones en la Argentina y en Estados Unidos.

Así, de acuerdo con la acusación fiscal, los miembros se distribuían la responsabilidad desde el "coacheo" o captación de nuevos alumnos; el "geishado VIP" o "palomeo", que era la explotación sexual de sus víctimas; la "cura de sueño", utilizada para aleccionar y disciplinar; y el "banquito", como se denominaba al lavado del dinero que obtenían.

Según la investigación, la organización generaba un ingreso mensual de 500 mil dólares aproximadamente mediante "una estructura ilegal de negocios en la Argentina y los Estados Unidos".