La Justicia de Estados Unidos dejó firme este viernes el fallo por la expropiación de YPF que obligaría a la Argentina a desembolsar una suma multimillonaria al fondo de inversión Burford. 

De este modo, la jueza de Nueva York Loretta Preska dispuso que la Argentina deberá pagar US$ 16.099 millones por la decisión que en su momento tomaron Cristina Kirchner como presidenta y quien por entonces era su ministro de Economía, Axel Kicillof.

El 16 de abril de 2012 el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la petrolera española Repsol. A partir de allí se desencadenaron acontecimientos que derivaron en este fallo.

La ahora vicepresidenta Cristina Kirchner acusó a los fondos buitres de "sobornar" a jueces para que emitan fallos a su favor. Una semana después de dar a conocer su resolución, la jueza Preska publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF.

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X de Cristina Kirchner

Se trata de un fallo por el que la Argentina deberá pagarle poco más de 16.000 millones de dólares al fondo Burford por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera Repsol y al grupo Eskenazi. La Argentina pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares.

La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretensión argentina radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.

A su vez, la Argentina reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la Justicia de Estados Unidos de trabajar sobre el monto de la fórmula determinado en el juicio por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró que se reserva su derecho de presentar la apelación de la sentencia final en el caso.

Así lo indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en un carta enviada a la jueza Preska. "La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación", aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.