En base a los principios de jurisdicción global, refrendados en la Convención de Roma y la Constitución nacional, la Justicia argentina cursa a una causa de lesa humanidad en la cual se investiga por genocidio a varias autoridades de Myanmar, un país del sudeste asiático donde hace décadas se registran persecuciones y crímenes en perjuicio de la comunidad musulmana de los rohingya. En el contexto de la investigación, el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó la captura de un expresidente, una exconsejera de Estado, Premio Nobel de la Paz, y otros 23 exfuncionarios de esa antigua colonia británica antes conocida como Birmania.

En base a estos cargos, Argentina solicitó a Interpol las capturas internacionales del expresidente de Myanmar Htin Kyaw, de la Premio Nobel de la Paz en 1991, Aung San Suu Kyi y a otros funcionarios militares y policiales, acusados de ejecutar políticas de exterminio sobre esta minoría islámica.

La causa se inició el 13 de noviembre de 2019, con la denuncia formulada ante la Cámara Federal porteña por el presidente de la sociedad civil “Burmese Rohingya Organización UK” (BROUK), Maung Tun Khin.

En esa demanda se indicaba que Myanmar había llevado a cabo “prácticas sistemáticas de discriminación y violaciones a los derechos humanos, con la consecuente comisión de crímenes contemplados en el Estatuto de Roma”, según se indicaron fuentes judiciales.

Marijuán inició la instrucción a fines de 2021 con la formulación de medidas de prueba que determinaron la formulación de los pedidos de captura para que los imputados presten declaraciones indagatorias.     

Para ello, el funcionario del Ministerio Público se basó en imágenes satelitales y relatos de primera persona en las que se corroboraron las acciones generalizadas de la destrucción selectiva que el Estado de Myammar ejecutó contra los rohingya, sobre todo en el caso de la “Operación Limpieza”, ejecutada en 2017 por los efectivos militares del país.    

En su requerimiento de captura, presentado a fines del mes pasado, Marijuán repasa brevemente la historia de la excolonia británica y las violaciones a los derechos humamos que se cometieron contra esta comunidad musulmana desde 1948, cuando se concretó la independencia de Birmania, un país que durante décadas estuvo gobernado por dictaduras militares.

Marijuán repasa que, con el propósito de consolidar la unidad nacional, la entonces Birmania inició un proceso en el cual sus habitantes debían presentar documentación que acreditara su pertenencia a la nación. Algo que para los rohingya resultaba muy difícil, por lo que fueron considerados como “extranjeros” en su propio país.     

En función de este criterio, los rohingya resultaron hostigados por décadas por las autoridades del país, que diseñaron numerosas restricciones que les impidieron a los integrantes de esta minoría acceder os derechos a la educación, la salud, el empleo digno, la propiedad privada, el culto, la religión y también la vida.

No obstante, la investigación se centra en los hechos ocurridos entre 2012 y 2018 cuando el Gobierno de Myanmar alentó “a los budistas de Bangladesh a asentarse en el Estado de Rakhine, facilitando su situación migratoria y un posible camino hacia la ciudadanía", en el marco de políticas que formaron parte del Proyecto de Desarrollo de Áreas Fronterizas y Razas Nacionales.

"Como contraparte, a los rohingya se les negó constantemente la ciudadanía y no se los reconoció como una de las 'razas nacionales', lo que llevó a que se enfrenten a las numerosas restricciones y obstáculos", marcó el fiscal.

En ese sentido, apuntó que "la estrategia del gobierno pareció responder al objetivo de alterar la composición étnica del Estado de Rakhine, eliminando o reduciendo la influencia de los musulmanes”.

“Así, la mayoría de los budistas fueron estableciéndose en Maungdaw, donde originalmente la población estaba conformada, casi en su totalidad, por musulmanes rohingya", refirió el dictamen.

En 2017, estas acciones se intensificaron con el desarrollo de “una operación de limpieza” para eliminar a los rohingya en el territorio de Myanmar.  

“Los hombres, incluyendo menores de edad, eran obligados por las fuerzas de seguridad a realizar trabajos forzosos durante jornadas interminables y en condiciones infrahumanas, sin recibir remuneración alguna por estas labores. Aproximadamente, entre 30 y 50 personas eran seleccionadas a diario para trabajos forzosos y muchos no regresaban", consignó el dictamen del fiscal.

Los muertos por estas acciones “habrían sido más de 10.000”, aunque resulta “difícil precisar cifras”, la justicia argentina cuenta “con listados de víctimas concretas, identificadas a partir de los relatos de testigos, con indicación de la fecha del fallecimiento, la forma en que fueron asesinados y, en muchos casos, quienes fueron los perpetradores”.

En consecuencia, los hechos fueron tipificados como delitos de genocidio, contemplada en el artículo 6to del Estatuto de Roma, aprobado con ley 25.390 e implementado mediante ley 26.200.

Además, en la acusación se señaló que hay elementos como para probar cuatro de las cinco conductas que componen los crímenes de genocidio, “como la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física y mental de sus miembros, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, y medidas destinadas a impedir nacimientos en su seno”.

"Este conjunto de actos fue parte de un régimen institucionalizado de opresión y dominación generalizada y sistemática de las autoridades gubernamentales, tanto civiles como militares, sobre los rohingya, con motivos de odio racial y religioso, que tuvieron consecuencias devastadoras para esta comunidad", puntualizó.