El momento en que el fiscal Diego Luciani pidió doce años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad parece lejano. Pasaron solo cuatro semanas desde el cierre de ese alegato y en el medio, un intento de asesinar a la vicepresidenta de la Nación cuando entraba a su casa en Recoleta.

“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, remarcó durante su exposición Luciani, en la que afirmó además que el empresario Lázaro Báez "fue una pieza clave e ineludible para que se perfeccionara la maniobra". Los abogados de CFK, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, tendrán el trabajo de desarmar todo aquello que la acusación construyó cuando pidió la pena. 

Los 12 años de prisión por considerarla “jefa de una asociación ilícita y responsable por el delito de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública” vinieron además con la solicitud de inhabilitación perpetua. Es decir, la imposibilidad de presentarse como candidata a algún puesto político. Esa inhabilitación no es que vino a pedido sino que es parte de lo que el Código Penal prevé cuando se trata de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. La teoría que el kirchnerismo duro estableció como “el plan de prescripción” de la vice.

Más allá del claro contenido político que atravesará el alegato, en Py se espera que tenga también cuestionamientos técnicos acerca de cómo se llevó adelante la causa, la falta de informes y también el hecho de que había sido parcialmente investigado en otra jurisdicción.

Otro de los puntos controvertidos fue la inclusión de los mensajes hallados en el celular de José López, el ex secretario de Obras Públicas durante todo el período 2003-2015. Allí aparecen distintos manejos y el fiscal aseguró que de allí se desprende que hubo una planificación días antes de irse del Gobierno en 2015 para pagar a las empresas de Báez por obras que no habían sido terminadas.

El kirchnerismo cuestionó la inclusión de esos mensajes e incluso Cristina, en una exposición virtual, mostró diálogos de López con Nicolas Caputo, amigo de Mauricio Macri. También se esgrimió que todos los mensajes del celular fueron incluidos de forma irregular porque pertenecen a la causa donde se juzgo al ex funcionario por los bolsos llenos de dinero, situación por la que terminó preso y condenado. No obstante, cuando en el juicio se debatió sobre si esa prueba (el contenido del celular) debía ser incorporada a esta causa, la única defensa que se opuso fue la del mismísimo López.

La expectativa también estaba puesta en qué pasará con Cristina y si iba a jugar a representarse a sí misma. De esa forma, podría presentarse en esta instancia ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 y no esperar hasta el momento de las últimas palabras. Un tweet de la vicepresidenta la noche del domingo previo a los alegatos pareció enterrar ese rumor de que pediría hablar. Hay que destacar también que la expresidenta no tiene matrícula federal.

Tweet de Cristina Kirchner

Una vez que termine este alegato, quedarán otras siete defensas implicadas y listas para alegar. Cada una tiene tres audiencias disponibles para exponer pero hasta ahora solo CFK usará esa extensión. Si los cálculos no fallan, el Tribunal podría tener listo su veredicto antes de final de año, lo que alejaría un poco el impacto político en un año netamente electoral como es 2023.

En el medio, a Cristina le quedan dos cuestiones vitales en Casación: la causa Memorandum y el tándem Hotesur-Los Sauces. En ambas, está la posibilidad de que se reabran los expedientes (la vice fue sobreseída sin la instancia de juicio), por lo que esto cambiaría el status judicial que ostenta Cristina. La otra causa que la tiene entre sus imputadas es Cuadernos, que por su complejidad y extensión aún no tiene siquiera fecha de inicio de debate.