El exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, fue citado casi un año más tarde a una audiencia convocada por el Ministerio Público de la Acusación de esa provincia en una causa en la que se lo acusa de supuesto espionaje ilegal, junto a otros exfuncionarios que lo acompañaron en la gestión.

"La causa que investigan los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, bajo la figura de asociación ilícita, apunta a que desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se habrían realizado tareas de espionaje ilegal a personas y empresas sin el aval de una orden judicial", apunta el diario La Nación.

La audiencia de imputación en la que Sain finalmente escuchará los cargos en su contra se realizará el 29 de noviembre, casi un año más tarde del allanamiento al Ministerio, cuando se secuestraron computadoras y otros elementos supuestamente de interés para la causa.

Sain se desempeñaba hasta ahora como asesor del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a quien le presentó su renuncia al cargo el 11 de octubre es decir varias semanas antes de que se conociera la noticia de la audiencia de imputación.

Sin embargo, en los medios opositores al gobierno nacional se vincula en forma directa la salida de Sain del cargo de asesor del ministro Fernández por sus peripecias judiciales en la provincia de Santa Fe.

Pero la explicación podría ser otra. Sucede que hace varios días, en medios santafesinos se difundieron algunos audios que se supone eran conversaciones privadas que Sain mantuvo en su momento con algunos de sus colaboradores.

Algunas de esas conversaciones se referían a la pandemia y a las críticas que se les hacían desde los medios de comunicación por las restricciones en la circulación. Pero también hay audios sobre cuestiones políticas.

Por ejemplo, en algunos de los audios había críticas al gobierno nacional y a la entonces ministra de Seguridad Sabrina Frederic. Esas grabaciones llegaron a oídos del presidente Fernández, quien enojado le pidió al ministro Fernández la renuncia de su asesor. Aunque Aníbal no estuvo de acuerdo, tuvo que acatar la indicación presidencial.