La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, estuvieron en México este fin de semana para celebrar el comienzo de la distribución de las vacunas producidas entre ambos países. El miércoles se confirmó el acuerdo alcanzado entre Argentina y China por la vacuna CanSino, mientras se acelera la llegada de dosis Sputnik y del programa Covax. Lejos del plan original, pero se avanza en la vacunación.

Pero el capítulo vacunas esta semana estuvo marcado no por los acuerdos alcanzados sino por aquel que se frustró. La mención es a Pfizer, la empresa farmacéutica norteamericana que realizó en Argentina el principal ensayo de fase 3 de la vacuna de coronavirus y que había alcanzado buen puerto en una negociación "de palabra" con el Gobierno para entregar dosis a partir del último trimestre del 2020. Pero las "buenas intenciones" fracasaron y las razones de este desenlace aún dejan repercusiones políticas, que podrían derivar en la Justicia. 

El devenir judicial se precipitó el domingo con las acusaciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y la reaparición del ex ministro de Salud, Ginés González García. “Pfizer” fue una de las banderas de la oposición en sus críticas al Gobierno, al que no le sobró precisiones respecto a qué pasó para que en el país no se estén aplicando vacunas de este laboratorio. 

Desde Casa Rosada insisten en que el diálogo sigue abierto, pero aún no hay señales que indiquen un cambio de rumbo en la relación entre el Estado argentino y la casa matriz de Pfizer, con sede en Nueva York. 

¿Qué pasó? Data Clave tuvo acceso a un intercambio por correo (confidencial) entre el ex ministro González García y el Gerente General de Pfizer Región Argentina (Nicolás Vaquer) que revela los detalles de la trunca negociación. El intercambio ocurrió en diciembre del 2020 y fue revelado parcialmente por el diario La Nación en febrero de este año. 

Comenzó con una misiva del ex ministro al directivo en el cual se enumeraban todas las gestiones del Gobierno nacional para llegar a un acuerdo con el laboratorio. Entre otras cosas, se destaca “la voluntad de ser parte de la cadena de producción para favorecer el acceso equitativo en la región”; “la realización de ensayos clínicos de vacunas candidatas”; las negociaciones que derivaron en la sanción de la Ley sobre adquisición de vacunas contra el coronavirus; y los diálogos para retomar el diálogo ante el disgusto de Pfizer por detalles de la norma en cuestión. 

En esa carta, además, se precisa que había un compromiso de Pfizer de proveer al país con un millón de unidades el último trimestre del 2020 y 2 y 5 millones durante el primer y segundo trimestre del 2021, respectivamente (que difiere a los 13 millones que el laboratorio dice haber comprometido con Argentina).

La respuesta llegó con unos días de delay, según explicó La Nación, pero en la redacción de Vaquer se manifiestan las razones por las cuales no se alcanzó el acuerdo, y están didácticamente detalladas en dos puntos. “El supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad en la ley”, y “la limitación de bienes, que tornan prácticamente imposible la ejecución de la indemnidad”. Es decir, Pfizer exigía que su responsabilidad quedara limitada incluso en caso de negligencia.

Ese reclamo hace puntal referencia al punto 4 de la Ley aprobada por el Congreso.  En ese artículo queda claro que la negligencia queda excluida de las condiciones de indemnidad patrimonial. "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, a cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos", dice el texto del artículo que tanto cuestiona Pfizer y que para el Gobierno era innegociable.

Además, según los mails a los que tuvo acceso Data Clave, el directivo de Pfizer Argentina reconoce que “la demora en la negociación del contrato y otros factores -incluyendo el retraso en el programa de desarrollo clínico- afectaron el número de dosis globales disponibles para 2020 y principios de 2021, haciendo que no fuera posible entregar dosis antes de febrero del 2021”. 

No hay en la respuesta de Vaquer mención alguna a una presunta “intermediación” de sector privados de Argentina (por caso, Hugo Sigman), tal como denunció la presidenta del PRO, según consta en los documentos a los que tuvo acceso este medio. 

“Admiten que el filtro fue la limitación de los bienes y el tema de la negligencia”, señala una fuente de la cartera sanitaria consultada por este medio. “Pfizer se plantó en esa postura de entrada y nunca se movió un centímetro pese a las gestiones realizadas, que aún siguen”, agrega el informante que fue testigo presencial de las negociaciones. “Ellos insisten en que nos habían ofrecido 13 millones de dosis, pero en el intercambio reconocen que el monto era bastante más inferior y los problemas de entrega y de fabricación que atravesaban”, insiste. 

En un acuerdo aún freezado, y en una novela que promete judicializarse (el presidente Alberto Fernández adelantó que sostendrá acciones legales a Bullrich a pesar de su tibia retractación), la mirada también se centra en el Congreso, donde se sancionó la Ley de vacunas y se agregó el artículo de la “negligencia”, una herramienta que habilitaría al Gobierno a iniciar acciones ante el laboratorio en casos de manifiesta irregularidad en las vacunas fabricadas, pese a la indemnidad patrimonial incluida en la norma.