La disputa por el Consejo de la Magistratura entre el oficialismo, la oposición y la Corte Suprema
El Gobierno apuró un proyecto luego del fallo del máximo Tribunal, pero Juntos por el Cambio ahora contrapone su posición con iniciativa propia. Los números en el Congreso, la estrategia para sortear posibles cambios y la pelea por la presencia del presidente de la Corte.
Quien dice 13, dice 16. O quizás 20. El Consejo de la Magistratura apura los trámites para no quedar inhibido de actuar después de un fallo letal que le imprimió la Corte, al declarar inconstitucional una ley de 2006 que convirtió en 13 a sus integrantes. Los Supremos (tres de ellos) le dieron un plazo más que exiguo: 120 días para volver a ser 20 hasta que haya una nueva ley. Si pasan ese plazo y no cumplieron con esa integración, todos sus actos serán nulos.
El oficialismo -que quiso primerear el fallo que la Corte sacó en diciembre- presentó un proyecto donde proponía una integración de 17 miembros, con un eje en la paridad de género y darle más lugar a los estamentos académicos, judiciales y de los abogados, para equiparar con la pata política.
Desde la oposición, Mario Negri salió esta semana a discutir este proyecto y presentó su propia iniciativa, aunque aún no fue discutida en la mesa de Juntos por el Cambio. Su idea es consolidar los 20 integrantes y que esto incluya al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como presidente del Consejo. Ese rol es el que tendrá también desde abril, lo que generó críticas dentro del ente que tiene a su cargo la realización de los exámenes donde se eligen jueces y juezas.
La oposición se encuentra en una encrucijada. Empoderar a la misma Corte a la que criticó por “llevarle la contra” al oficialismo, que no quería bajo ningún punto de vista que el Máximo Tribunal tuviera una silla clave en el Consejo. Cabe recordar que Mauricio Macri consideró que haber propuesto al actual presidente del Máximo Tribunal fue un gran error. “Me arrepiento de haber cambiado a (Domingo) Sesín por Rosatti. Rosatti terminó fallando sistemáticamente en contra de las reformas y la modernización que impulsamos, favoreciendo así el statu quo populista”, dijo en su libro.
“Lo que resulta llamativo es que la Corte vuelve a la anterior composición en la que el presidente de la Corte pasa a ser el presidente del Consejo. O sea que el directamente beneficiado, sin ningún tipo de proceso electoral de por medio, es el presidente de la Corte”, dijo Graciela Camaño la semana pasada en su rol de Consejera, haciendo foco en las críticas que hubo en torno a la figura de Rosatti.
El debate por la integración y sus alcances tendrá lugar en las sesiones extraordinarias, tal como había pedido el Consejo de la Magistratura a través de tres cartas que el presidente del Cuerpo le dirigió a Alberto Fernández, a Sergio Massa y a Cristina Fernández de Kirchner.
Ambos proyectos comparten un punto clave, en línea con lo que planteo la Corte Suprema en su fallo: “balancear” la representación de los distintos estamentos, lo que significa de alguna forma “reducir” el porcentaje del estamento político.
La clave de esto será el consenso, algo que parece difícil de alcanzar en ambas cámaras, aunque el oficialismo cuenta con el antecedente de haber conseguido una mayoría comoda con aliados en el Senado, no pasa lo mismo en Diputados. El consenso también hace difícil aprobar las ternas de jueces: con los 13, se necesitan 9 votos en un mismo sentido. Es decir, un mínimo acuerdo con el bloque no oficialista del Consejo de la Magistratura, algo que suele retrasar todos los concursos.
En el Congreso, el Gobierno se guardó una carta enviando el proyecto al Senado como cámara de inicio. Si el Frente de Todos consolida los acuerdos con los bloques provinciales, como lo hizo en la votación de Bienes Personales, podrá sacar la media sanción al proyecto del Ejecutivo sin necesidad de conceder modificaciones a Juntos por el Cambio. Aunque en el escenario complicado de Diputados, tuviera que negociar cambios en el texto, luego el Senado podría ratificar la sanción inicial desestimando lo que devuelta la Cámara baja.
Las críticas se reparten en Tribunales: se sostiene que si la Corte pasa a tener control de nuevo del Consejo se conseguiría mayores facilidades financieras. Desde el organismo recuerdan que cuando se cambió la integración se discutía sobre la lentitud de las decisiones.
El Consejo enfrenta entonces un año que tendrá, por lo menos, tres composiciones distintas: la actual de 13, la post 16 de abril con 20 (si llega) y la que tendrá cuando terminen los mandatos de aquellos que asumieron en 2018. Si en ese momento serán 20 integrantes, 16 o 17, es todavía una incógnita.