El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart intervendrá en la denuncia que presentó el Gobierno contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich y varios funcionarios por el envío de armamento a Bolivia en noviembre de 2019, durante el golpe de Estado a Evo Morales.

Aunque se especulaba que podía ir a Py, finalmente fue sorteada en la Cámara Nacional en lo Penal Económico, ya que involucra el delito de contrabando agravado, además de la responsabilidad de los funcionarios por la supuesta malversación de caudales públicos.

La fiscalía que intervendrá es la de Claudio Navas Rial, que tendrá que definir si abre la investigación, qué medidas toma y si imputa a los ex funcionarios.

“Argentina contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto”, dijeron la ministra de Seguridad Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria. Los tres funcionarios firmaron la denuncia conocida ayer.

“Más allá de la contundente prueba que significa la carta de agradecimiento y constancia de recepción de material suscripta por el entonces comandante de la fuerza aérea boliviana –hoy detenido por su participación activa en el golpe de estado-, escapa a cualquier lógica creer que un grupo de 10 agentes del Grupo Especial “Alacrán” de la Gendarmería Nacional, podría utilizar 70.000 cartuchos Anti tumultos y la cantidad de granadas que fueron trasladas a Bolivia”, explicó el Gobierno en la denuncia judicial.