La denuncia presentada por el ministro de Justicia Martín Soria a pedido del presidente Alberto Fernández contra el titular de seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, avanza y el fiscal Marcelo Solimine entendió que debe ser investigada por la justicia porteña.

Concretamente, la denuncia del gobierno será investigada por el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, ya que Solimine se declaró incompetente. 

En el dictamen, el fiscal entendió que “los delitos trasferidos son -entre otros- todos en los que encuentran subsunción los hechos denunciados que le son imputados a Marcelo D’Alessandro en su carácter de funcionario de alta jerarquía del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que la misma denuncia los encuadra".

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el Fuero Criminal y Correccional "sí era competente antes, cuando Buenos Aires era la Capital Federal" pero, a partir de 2003, se inició "un proceso de transferencia de competencias a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que hoy se encuentran comprendidos todos los tipos penales en los que cabe encuadrar cada uno de los hechos que han sido denunciados y que quedaron reseñados precedentemente". 

Tras la difusión de los chats con jueces, Soria demandó al funcionario y la presentación judicial incluye una posible acusación por los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado" debido a lo que se desprende de los supuestos mensajes filtrados de manera ilegal del celular de D'Alessandro.

En la denuncia del Gobierno se citan una serie de notas periodísticas que transcribieron los mensajes que supuestamente habría recibido y redactado el ministro porteño, donde se habla de licitaciones con distintas personas, entre ellas Silvia Majdalani, ex Nº2 de la Agencia Federal de Inteligencia.

“El material periodístico publicado expone de un sinnúmero de delitos de acción pública cuya comisión deberá ser investigada pero, además, dan cuenta de un lastimoso problema para la sociedad que tiene que ver con las relaciones espurias entre determinados sectores de la política con sectores económicos concentrados”, se sostiene en la denuncia.