Como si se tratara de un "ruego celestial", hace apenas tres semanas, el diputado provincial -y pastor evangélico- de Santa Fe Walter Ghione solicitó la intervención de la DEA (Administración para el Control de Drogas) y del FBI de Estados Unidos para dar respuesta a “la narcocriminalidad que azota a la ciudad de Rosario”.

La respuesta no provino del cielo, sino de la Casa Gris. El gobernador Omar Perotti tuiteó esta semana: “nos visitó una delegación de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina y junto con miembros del gabinete provincial, nos reunimos para profundizar la cooperación en diversas áreas, incluyendo la lucha contra el delito complejo”. 

Pero el mensaje no vino solo, sino que trajo de la mano un anuncio de relevancia institucional para la provincia: la creación un grupo de élite para “combatir” el narcotráfico y otros delitos más que entran dentro de la categoría de crimen organizado. Lo que algunos integrantes de la política santafesina y la nacional miraron de reojo está relacionado con quiénes integrarán esa estructura que dependerá de la Subsecretaría de Investigación Criminal.

De acuerdo a los anuncios, se reclutará a agentes y se los capacitará bajo las órdenes de las dos agencias de seguridad e investigaciones de los Estados Unidos. De hecho, durante el encuentro, se habló de que este grupo de élite estará disponible para lo que le pidan tanto el Ministerio Público de la Acusación (los fiscales provinciales) como para la justicia federal.

La flamante “Unidad Especial de Investigación de Crimen Organizado” tiene como objetivo, de alguna forma, apuntalar el trabajo de los fiscales provinciales y federales, con los que el gobierno de Santa Fe mantiene una abierta disputa, debido a que consideran que sus actuaciones no han podido frenar o desarmar parte de la estructura criminal que funciona dentro de la provincia.

Del otro lado, tanto desde el MPA como de la justicia federal le manifestaron a Data Clave las dificultades que manejan en las investigaciones, donde muchísimas veces encuentran cierta desidia gubernamental y en otras -la gran mayoría-, complicidad policial. En lo que va de 2022 se registraron 63 homicidios en toda la provincia, con foco en Rosario donde la cifra alcanza a cuarenta. Gran parte de esos asesinatos tiene directa relación con las bandas que se disputan el control territorial del negocio narco.

El titular de la cartera de Seguridad, Jorge Lagna, destacó que esta nueva unidad "funcionará en el área de la Jefatura de la Policía y se dedicará a investigar el crimen organizado" y quedará al mando de Maximiliano Bertolotti, quien estuvo al frente de la AIC hasta febrero del 2021, llegó a ese cargo en diciembre de 2019, tenía jerarquía de subcomisario y estaba cargo de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Choques en la justicia y en la política

Al entramado telaraña de las redes criminales se le suma el vínculo delicado entre justicia federal y justicia provincial, delimitado hasta cierto punto por las competencias y los delitos que cada una puede investigar. No obstante, desde ambos lados confiaron a Data Clave el recelo que les produce este nuevo ímpetu del gobierno provincial. “Las distintas dependencias internacionales colaboran en el país desde hace bastante tiempo y funcionan justamente de esa forma, como una colaboración y de intercambio de información”, aclaró un fiscal federal que trabaja en esa jurisdicción e hizo foco en despejar “fantasmas innecesarios”,

Incluso a nivel nacional, la presencia explícita de la DEA como parte de un plan para frenar la criminalidad no agradó. A pesar de lo cual, fuentes de la Procuraduría especializada en narcocriminalidad de la Nación (PROCUNAR), confirmaron que están al tanto de la creación de esta nueva fuerza y que participarán "como lo hacen con todas las demás fuerzas de seguridad que operan en territorio argentino, sean federales o provinciales".

Por supuesto que la criminalidad en la provincia no se agota en el narcotráfico, justo en el medio de una disputa cada vez más cruenta entre sectores del peronismo santefesino debido a la actuación del Ministerio Público de la Acusación en el conocido como "caso Traferri”.

El senador del PJ Armando Traferri recibió una buena noticia por parte de la Corte de Santa Fe en la investigación que llevan adelante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que buscan llevarlo a una audiencia imputativa para señalarlo como organizador del juego ilegal en la provincia.

El Máximo Tribunal provincial avaló la existencia de fueros que lo protegen y complicó la estrategia investigativa. Desde el gobierno provincial ven algunos avances del MPA como jugadas políticas mientras que desde el cuerpo que núclea a los fiscales se habla expresamente de la complicidad política y la protección de la que goza el senador.