La Corte Suprema de Justicia desestimó este martes una serie de recursos de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de las causas conocidas como "ruta del dinero K” y memorándum con Irán.

En la primera, la defensa de la expresidenta había planteado la recusación de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, quienes integraban la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. 

El pedido estaba motivado en que esos magistrados, el 31 de agosto de 2018, hicieron lugar a una solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF) y dispusieron que se convoque a la expresidenta a prestar declaración indagatoria.

Sin embargo, el juez Leopoldo Bruglia rechazó el pedido de apartamiento de sus colegas y la defensa de Fernández de Kirchner recurrió dicha resolución hasta llegar al Máximo Tribunal, donde también se desestimó el planteo porque no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

En tanto, en el marco de la investigación por la denuncia por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, la defensa de Cristina Fernández, por un lado, y la de Oscar Parrilli, por otro, recusaron al juez Juan Carlos Gemigniani, integrante de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

De igual manera, el tribunal rechazó los pedidos de apartamiento al entender que las defensas no habían demostrado la concreta vulneración de garantías constitucionales o que se hubiera configurado alguno de los supuestos previstos en la ley para separar de una causa a un magistrado. Por el contrario, señaló que los pedidos se limitaron a plantear conjeturas que no se encontraban debidamente acreditadas en el expediente.

Tanto la expresidenta como el exministro presentaron varios recursos, por considerar que se había afectado la garantía de imparcialidad del juzgador. Rechazados sus planteos, llevaron esos reclamos ante el Máximo Tribunal, donde encontraron el mismo final.

A estos expediente se sumó otro por la posible comisión del delito de ocultamiento de documentos históricos, tras el hallazgo de una carta autógrafa del 26 de diciembre de 1835, del General San Martín a Bernardo de O’Higgins, y un ‘prontuario’ de Hipólito Yrigoyen con sus actividades desde 1906 a 1910. Esos documentos fueron secuestrados en el marco de la causa 9608/2018, mediáticamente conocida como “Cuadernos”, en el inmueble ubicado en la intersección de las calles Padre de Agostini y Los Tehuelches, en El Calafate, Santa Cruz.

Ese allanamiento fue ordenado por el juez Claudio Bonadio, quien fue recusado por la exmandataria en las sucesivas instancias hasta llegar a la Corte. Al día siguiente de ingresado el expediente al Máximo Tribunal, Bonadio falleció y la cuestión, según los supremos, se tornó abstracta.