La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación que hizo Argentina, a fines de diciembre pasado, en el juicio por la deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001. La justicia norteamericana habilitó a embargar unos US$310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal, en Suiza y Alemania.

El fallo es un golpe directo para el país, que desde hace más de dos décadas arrastra litigios con acreedores internacionales. En este caso, se trata de los bonos Brady, emitidos en los años 90 y que, tras vencer en 2023, aún mantenían garantías en cuentas internacionales. Los demandantes, un grupo de fondos holdouts, habían solicitado estos embargos como parte de una deuda que asciende a 450 millones de dólares en total.

La jueza Loretta Preska, quien lleva adelante otros casos contra Argentina, ya había rechazado en agosto de 2022 los argumentos del Banco Central, que sostuvo que estos activos no podían ser embargados porque eran propiedad de la entidad y no del Estado nacional. Según Preska, los derechos de reversión de estos bonos pertenecen al Estado argentino y además fueron utilizados previamente en actividades comerciales, lo que elimina su inmunidad frente a embargos.

"La Argentina ha utilizado estos derechos en al menos dos ocasiones. La afirmación de que no existió un uso comercial carece de fundamento", señaló Preska en su fallo.

Este revés judicial es el segundo que enfrenta el país en pocos meses. En octubre, la Corte Suprema del Reino Unido también falló contra Argentina en el caso del Cupón PBI, abriendo la puerta a nuevos reclamos de bonistas internacionales.

El especialista Sebastián Maril explicó que los acreedores procederán ahora a solicitar a Preska la autorización final para ejecutar el embargo. “Estos fondos irán a la Reserva Federal de Nueva York y luego se tomarán posesión de los 310 millones de dólares, aunque eso no cubre la totalidad de la deuda, que supera los 450 millones”, detalló a Infobae.

El origen de este conflicto se remonta a la cesación de pagos de diciembre de 2001, declarada durante el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. La deuda no fue reestructurada en los canjes de 2005 ni 2010, ni tampoco en 2016 con Mauricio Macri o en 2020 bajo la administración de Alberto Fernández.

El programa Brady, impulsado en 1989 por el secretario del Tesoro de Estados Unidos Nicholas Brady, fue una estrategia para reestructurar deudas de países emergentes, convirtiendo pasivos bancarios en títulos públicos. Argentina se sumó al esquema en 1992, pero el colapso económico de 2001 dejó a esos bonos en default, desencadenando demandas que aún hoy afectan las finanzas del país.

Con este fallo, el panorama financiero argentino suma otro frente de presión. En paralelo, el gobierno deberá enfrentar vencimientos y negociar con otros acreedores, en un contexto donde la deuda externa sigue siendo una carga crítica para la economía local.