La Coalición Cívica presentó un pedido de juicio político “por mal desempeño” contra el ministro Trotta
El bloque de Elisa Carrió presentó en la Cámara baja el pedido de remoción del ministro de Educación por la restricción a la presencialidad en las aulas. El autor de la iniciativa es el presidente de la bancada, Maximiliano Ferraro. “La marcha atrás en la presencialidad atenta contra la educación”, dijo el diputado.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó este viernes un pedido de juicio político en el Congreso contra el ministro de Educación, Nicolas Trotta. La medida se fundamente en las “incongruencias, impericia, mal desempeño y marchas y contramarchas de Trotta en la política educativa para garantizar la presencialidad”.
“Todo esto atenta contra el derecho a la educación y al de enseñar y aprender”, afirmó en exclusiva con Data Clave el diputado Maximiliano Ferraro, titular de la bancada opositora.
Además, el bloque cree que ha llegado el momento que el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sea sometido a un juicio político por “el daño irreparable que su impericia, falta de planificación e irrazonabilidad viene causando en el sistema educativo argentino”.
“Ha dejado de cumplir su responsabilidad primaria de garantizar la obligación indelegable del Estado de asegurar el derecho humano y social a la educación”, sentenció el diputado por CABA.
El escueto proyecto centra su pedido en el artículo 53 de la Constitución Nacional por el cual se acusa a funcionarios por el ejercicio de sus funciones. La iniciativa tiene las firmas de la totalidad del bloque que lidera “Lilita” Carrió y además tiene una firma radical y otra del PRO, Lidia Ascarate y Adriana Ruarte, respectivamente.
“La evaluación del juicio político por mal desempeño, siguiendo a María Angélica Gelli, supone una valoración político institucional no partidaria de los actos y omisiones de los funcionarios, teniendo a la vista resultados y consecuencias”, apuntó Ferraro.
Y agregó: “Esta causal permite una valoración amplia, pues se trata de la falta de idoneidad no solo profesional o técnica, sino también moral, como la ineptitud, la insolvencia moral, todo lo cual determina un daño a la función, o sea a los intereses generales de la Nación”.
Por último, afirmó que “es inadmisible que hayan cedido la política educativa a la extorsión corporativa de algunos gremios y dirigentes sindicales”, concluyó.