El conflicto entre el Gobierno de la Ciudad y el Ejecutivo Nacional sumó esta semana un nuevo capítulo. A los cruces públicos sobre la situación de las personas detenidas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se le sumó una buena noticia en el marco de la denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público que impulsaron desde el GCBA contra la interventora el Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigos.

La batalla por los detenidos viene desde el año pasado, cuando se endurecieron los ingresos a los penales federales debido a la pandemia de COVID-19. Como la Ciudad de Buenos Aires no tiene un sistema carcelario propio, depende desde hace años (y por un convenio) de las plazas federales. Hace un mes, el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, denunció que el SPF “cerró el ingreso de detenidos”.

Para Ciudad, hubo un incumplimiento de la interventora del Servicio “por no haberse cumplido, desde el 20 de marzo de 2020, con el traslado y alojamiento definitivo de personas privadas de su libertad que se encontraban en Alcaidías y Comisarías de la Policía de la Ciudad”. De acuerdo a la presentación, son 538 los presos que no fueron recibidos en las cárceles y eso hizo que 43 comisarías porteñas colapsaran.

La denuncia por “resistencia/desobediencia a un funcionario público; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, con la intervención del fiscal Ramiro González. Aunque ya se tramitaron las primeras medidas, el Gobierno de la Ciudad había solicitado ser querellante en la causa, lo que significa tener un rol más activo y la posibilidad de solicitar directamente medidas de prueba.

Casanello les rechazó su argumento y la Procuración General de la Ciudad apeló la medida, por lo que fue a parar a la Cámara Federal. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi le dieron la razón y los admitieron como querellantes. “El Procurador General de la Ciudad tiene como atribución ejercer la defensa de su patrimonio y representarla en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses”, resaltaron. En disidencia quedó el magistrado Mariano Llorens.

Mientras tanto, la Fiscalía ya recibió los primeros datos que solicitó y que apuntaban a saber cuáles fueron los ingresos entre mayo de 2020 y mayo de 2021. De acuerdo a la respuesta oficial, fueron más de 3100 pero ahora falta un detalle sobre de donde provenían cada una de esas personas.

De todas formas, esa cifra coincide con lo expresado por Garrigós en su cuenta de Twitter el mes pasado: “Desde abril 2020 hasta mayo 2021 el SPF ha recibido en los complejos de Amba 3369 personas detenidas por la policía de Caba y 610 que detuvieron otras fuerzas de seguridad”, sostuvo la interventora.

No obstante, que el Gobierno de la Ciudad haya sido aceptado como querellante significa que ya no depende de la Fiscalía para el avance de la causa. Esto es relevante porque, en caso de que no comparta alguna medida, Ciudad puede impulsar su propia línea de investigación y apelar toda resolución que no le parezca acertada.