El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció a Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y a ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, por los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionarios público como consecuencia de la difusión de chats entre ambos funcionarios en los que hablan sobre el fallo de la coparticipación del máximo tribunal en el que se falló en favor de la demanda encabezada por Horacio Rodríguez Larreta.

El mandatario sostuvo en su denuncia que la Provincia de Buenos Aires “es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema”, en referencia al fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

El gobernador sostuvo en la denuncia que “no es una mera amistad lo que une a ambos funcionarios, sino que existiría una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. 

Según Kicillof “la connivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que las resoluciones judiciales y de manera particular los pronunciamientos del Ministro de la Corte Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”.

“Robles demostró luego tener un vínculo espurio con un funcionario del Gobierno de la Ciudad que es parte, aun hoy, en uno de los casos más relevantes en la órbita del Máximo Tribunal. Se arroga incluso, ante el propio D’Alessandro, la denominación del fallo ‘Robles’ para dar cuenta de su incidencia en la decisión de la Corte”, dice la presentación en referencia al fallo de la Corte en beneficio de la Ciudad.

La denuncia también sostiene que Rosatti, a través de Robles, asesoró a la oposición para que definiera los cursos de acción que debía seguir en el nombramiento de los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura, mientras existía un conflicto entre Juntos y el Frente de Todos por esas designaciones.

“La estrategia recomendada por la Corte y ejecutada a través de Robles y D’Alessandro consistía en desconocer los decretos emitidos por la Presidencia del Senado a través de los cuales se designaban a los senadores respectivos en el Consejo de la Magistratura. Como se sabe, la maniobra fue seguida al pie de la letra por los senadores de esa alianza política”, sostiene la denuncia a la que accedió Data Clave.

El diputado Rodolfo Tailhade sostuvo que si bien el juez Sebastián Ramos cerró una causa por este mismo tema iniciada a instancias de la denuncia del abogado Gastón Marano, tras un dictamen del fiscal procesado por espionaje ilegal Carlos Stornelli, por considerar que los chats son ilegales, no es la única causa en trámite.

“Sobre esta base están batiendo el parche la oposición y sus medios de comunicación. Sin embargo, omiten una cuestión trascendental: la denuncia de Marano no fue la única, hay otras causas penales iniciadas por los mismos hechos en las que el fiscal y el juez federal intervinientes entendieron que el hecho era de máxima gravedad, que había delitos que investigar, que la prueba de los chats habilitaba la apertura de una causa en función de los indiscutibles asuntos de interés público que revelaban. Se trata de las causas iniciadas en Santiago del Estero por el gobernador Gerardo Zamora y en La Rioja por el gobernador Ricardo Quintela, a las que hoy se suma la denuncia presentada por el gobernador de Buenos Aires Axel Kiciloff”, dijo Tailhade.

La denuncia del gobernador bonaerense recayó en el juzgado federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, quien cuando estuvo a cargo del juzgado federal de Dolores ordenó el arresto del falso abogado Marcelo D'Alessio y procesó al fiscal federal Stornelli, por espionaje ilegal entre otros delitos.