Este martes el gobierno de la provincia de Buenos Aires hará una fuerte crítica contra la administración de María Eugenia Vidal. Presentarán un extenso informe que denuncia aumentos injustificados y falta de inversión por parte de las distribuidoras de energía eléctrica. Se trata de las empresas que forman parte de Desarrolladora Energética S.A.: Edelap, Edea, Edesur y Edenor.

El informe, al que pudo acceder Data Clave, surge de la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, y revela que, durante el período 2016-2019, las empresas distribuidoras de energía “aplicaron ajustes tarifarios que, sumados a nivel nacional, representaron aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años”.

Además, señala que durante ese período “no hubo un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni tampoco procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de las mismas”. “Esa falta de inversión quedó reflejada en la mala calidad y confiabilidad del servicio que presentó durante los últimos cuatro años numerosos eventos de interrupción del servicio eléctrico”, insisten desde La Plata.   

La presentación surge semanas más tarde de la embestida por parte de los intendentes oficialistas del sur y oeste del Gran Buenos Aires contra Edesur, que finalmente se diluyó. Además de retomar esa empresa, incluirán en la crítica a la exgobernadora Vidal, que desde el llano está cada vez más lejos de la Provincia y cada vez más cerca de la Ciudad.

Una vez mencionado cómo impactaron los aumentos en los usuarios, y cuestionar la falta de inversión, el informe destaca cómo fue el balance patrimonial de las distribuidoras de energía: “Las cuatro distribuidoras de Energía Eléctrica aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%. Los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de US$ 309 millones”.

En este sentido, critican también la falta de control, al señalar que  “sólo se realizaron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales”.

Según el Gobierno de Kicillof, la administración de Vidal “abandonó su función de control y seguimiento sobre la ejecución y la inversión de obras”, que derivó en una “ganancia millonaria para las empresas distribuidoras de energía eléctrica y un claro perjuicio para los bonaerenses”.